La Audiencia de Girona ha empezado a juzgar este lunes al cabo y a los dos agentes de los Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners acusados de traficar con marihuana decomisada en operativos policiales. La Fiscalía pide penas de hasta 12 años y 9 meses de cárcel por delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, hurto y falsedad en documento oficial y descubrimiento y revelación de secretos.
La acusación sostiene que los tres mossos, liderados por el cabo, crearon un entramado criminal para quedarse con la droga decomisada y volver a ponerla en circulación con la ayuda de otros dos acusados, que no eran policías. El juicio, que se prevé que dure hasta el viernes, ha arrancado con las cuestiones previas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Las defensas han solicitado la nulidad del caso por varias vulneraciones de derechos fundamentales durante la investigación.
Las impugnaciones realizadas por las defensas, que ejercen los letrados Carles Monguilod y Benet Salellas, se dirigen a la investigación pilotada por la División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana. Según las defensas, hay irregularidades porque el delator del caso no figura entre los acusados y porque las pruebas (entre ellas, la colocación de micrófonos en el coche de los acusados) se acordaron sin suficientes indicios.
El fiscal Enrique Barata ha defendido la legalidad de la investigación. El fiscal pide la pena más alta para el cabo de la policía autonómica, al que solicita 12 años y nueve meses de cárcel y una multa de 84.500 euros. Para sus dos subordinados reclama 12 años y medio de cárcel y multas de 83.600 y 80.000 euros. A los otros dos acusados que no son policías el fiscal reclama cinco años y tres meses y cinco años y sendas multas de 80.000 euros.
El escrito de acusación del fiscal sostiene que, a lo largo del 2020, el cabo y los dos agentes “se aprovecharon y abusaron de su condición de policías” y, junto a los otros acusados que no son mossos, conformaron un grupo criminal que sustrajo marihuana decomisada en operaciones policiales para “desviarla subrepticiamente” hacia “el tráfico en el mercado ilícito”.