La regulación de la actividad de las asociaciones de cannabis podría generar entre 200 y 600 millones de euros solo en impuestos directos e indirectos, según un estudio realizado por la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas de España (CONFAC). El informe, que cifra en unos 1.500 los locales de este tipo que hay repartidos por el país, insiste en la necesidad de ordenar una actividad que durante la última década se ha asentado en la mayoría de ciudades españolas sin tener una ley que las ampare.
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de abandonar esta situación irregular tanto para consumidores recreativos y terapéuticos -muchos de ello se quedaron sin poder acceder a la sustancia durante el confinamiento- como para los trabajadores de estos espacios, que al estar buena parte de ellos en situación irregular no han podido acceder ni a ERTES ni a otras ayudas estatales. El sector calcula que a día de hoy trabajan unas 7.500 personas en asociaciones cannábicas, estimando cinco empleados por cada local.
El informe de CONFAC es la estimación que hace el sector del volumen de impuestos que podría generar si su actividad saliera del limbo legal y son los números que se han trasladado a Podemos, que mantiene un contacto periódico con estas asociaciones y ultima una propuesta de ley para regular de manera integral tanto el uso medicinal como el recreativo del cannabis, según ha avanzado Público.
La apuesta de Podemos todavía no cuenta con el aval del PSOE aunque fuentes de la formación morada consultadas este lunes se mostraban optimistas ante el progreso en las conversaciones y confían en que se logre una propuesta conjunta durante esta legislatura. “Las sensaciones son buenas aunque las circunstancias [la gestión de la pandemia] dificultan los avances”, señalaban estas fuentes, que recordaban que es necesaria la implicación del Ministerio de Sanidad y de otros departamentos.
El estudio de CONFAC contempla distintos escenarios e indicadores que hacen oscilar las previsiones de ingresos. Al no ser un mercado regulado resulta complicado poder hacer cálculos precisos porque muchas asociaciones no forman parte de ninguna federación oficial ni tampoco revelan el número de socios activos que tienen. Otras directamente se aprovechan de este modelo asociativo para establecer negocios ilegales de venta de marihuana y se desmarcan de cualquier contribución a que la situación cambie.
Para calcular el número de fumadores de cannabis que hay en España el estudio se basa en el informe EDADES de 2019 -elaborado por el Plan Nacional Sobre Drogas con datos de 2017- que estima que alrededor de 10,3 millones de españoles consumieron cannabis durante el último año o de forma habitual.
Teniendo en cuenta estos números, CONFAC estima que solo en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social se podrían recaudar más de 106 millones de euros. Los cálculos más optimistas -que estiman que se triplicarían el número de locales si se regulase su actividad- aumentan estos ingresos hasta casi 295 millones de euros ya que el sector pasaría de los 7.500 puestos de trabajo actuales a más de 20.000. La entidad considera prudente estas cifras ya que se realizan calculando que dispensarían el cannabis al 30% de los usuarios porque muchos seguirían optando por comprar la sustancia en el mercado negro en un primer momento.
Respecto al IVA, el estudio calcula que se ingresarían entre 110 y 306 millones de euros. Estos números, sin embargo, parten de la base de que los usuarios habituales de cannabis consumen entre 300 y 600 gramos anuales, una cantidad bastante elevada y que muchos consumidores diarios no suelen alcanzar.
El informe también contempla otros ingresos para el erario que se obtendrían de los impuestos por los alquileres de locales (entre 2 y 5,7 millones de euros), tasas de inscripción de las asociaciones en un hipotético ente regulador (entre 187.500 y 520.000 euros), tasas de peritajes y de licencias de actividad.
Desde CONFAC, no obstante, consideran que los beneficios económicos no deberían ser el motivo principal por el que se regula la actividad de estas asociaciones. “La salud pública, la seguridad ciudadana y los derechos humanos deberían ser las principales razones para acabar con esta situación”, apunta Ana Afuera, portavoz de la entidad.
Estas entidades consideran que regular su situación dificultaría el acceso de los menores a la sustancia y reduciría su consumo, permitiría la trazabilidad y un mejor análisis del cannabis que evitaría su adulteración y facilitaría que los usuarios dispusieran de mejor información sobre sus riesgos y daños. A su vez, insisten en que se arrebataría un jugoso pastel al crimen organizado y supondría un ahorro significativo en gastos judiciales y policiales.
Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2018, el 87% de la población se muestra favorable a regular el cannabis para su uso medicinal mientras que el 47,2% de los encuestados apoyó que se vendiera para uso recreativo en establecimientos controlados y en ciertas condiciones. El 41,6% se mostró en contra de esta posibilidad.