Los jueces avalan los pinchazos del caso Voloh porque “constatan sospechas fundadas de corrupción” de Madí y Vendrell

Espaldarazo de la Audiencia de Barcelona a uno de los principales indicios del caso Voloh. Los magistrados han avalado los pinchazos telefónicos de la causa porque las conversaciones “constatan sospechas fundadas de la comisión de delitos referidos a la corrupción” en algunos de los investigados, como el expolítico de Convergència David Madí o el exconseller de ERC Xavier Vendrell.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona desestiman los recursos de las defensas del caso, que habían recurrido la decisión del juez Joaquín Aguirre de intervenirles los teléfonos móviles y colocar micrófonos en sus coches al considerarla propia de una investigación prospectiva –es decir, que busca pruebas sin motivo–, algo que prohíbe la ley.

Los magistrados rechazan los argumentos de las defensas de forma contundente y avalan plenamente la investigación del juzgado de instrucción 1 de Barcelona que comanda Aguirre. La causa Voloh nació a partir de dos grabaciones halladas en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

Los jueces de la Audiencia de Barcelona avalan que las conversaciones entre Terradellas, Madí y Vendrell son un indicio suficiente como para que Aguirre acordara los pinchazos telefónicos. Destacan los magistrados que pese a que Madí y Vendrell no ostentan ningún cargo público a día de hoy, ambos siguen manteniendo “prestigio y confianza en la cúpula soberanista” y “gozan de la influencia necesaria al más alto nivel para conseguir sus propósitos financieros”.

Es más, los jueces sostienen que ambos expolíticos “ejercen” su influencia “en personas que actualmente ocupan cargos públicos basados en la confianza y que tienen acceso a los fondos públicos” con el objetivo de “financiar sus proyectos políticos al margen de la Ley desviando fondos públicos” así como para “ocultar los desvíos fraudulentos”. Existe “base suficiente”, concluyen los jueces, como para interceptar sus comunicaciones.

Respecto al supuesto uso de 'bitcoins', los jueces recuerdan “la ilicitud” de convertir dinero procedente de subvenciones en criptomonedas “carentes de trazabilidad y de configuración como dinero electrónico”. Sobre este extremo en la causa permanecen investigados, además de Madí, Vendrell y Tarradellas, el informático Jaume Cabaní, de quien el juez sospecha que usó recursos de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas provenientes de subvenciones públicas para sufragar las actividades de Puigdemont.

Al margen de lo relacionado con el proceso soberanista, el juez investiga si Madí y Vendrell contactaron con el Govern para “obtener contratos de emergencia” por la COVID-19. Además, el sumario del caso ha desvelado que Vendrell comió el pasado mes de octubre con la consellera de Salud, Alba Vergés, para “hacerle algunas reflexiones” sobre un concurso público al que optaba su empresa.