La Audiencia Nacional ha absuelto al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Laplana, y a los exaltos cargos de la conselleria de Interior Cèsar Puig y Pere Soler de los delitos de sedición y desobediencia en relación al papel de la policía catalana en el referéndum del 1 de octubre de 2017. La Fiscalía pedía diez años de prisión por sedición o un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia para los acusados.
Según ha adelantado la Cadena SER, la sentencia absolutoria cuenta con los votos favorables del ponente, el magistrado Ramón Sáez, y del magistrado Francisco Vieira. Por contra, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha emitido un voto particular en el que discrepa de sus compañeros y reclama la condena del major.
La mayoría del tribunal endosa un revés a las tesis de la Fiscalía, que fueron perdiendo fuelle a lo largo del juicio, y sentencia en línea con las alegaciones de las defensas, que reclamaban la libre absolución al negar que los acusados estuvieran alineados con el Govern para celebrar el referéndum.
La Fiscalía se apoyaba para sostener su acusación en el testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, y el teniente coronel Daniel Baena, autor de la mayoría de atestados en las causas del procés. Ambos testigos dieron validez a la tesis de la Fiscalía de que Trapero actuó en connivencia con el Govern para celebrar el 1-O, aunque reconocieron que se trataba de su percepción personal y que no existían documentos que la corroboraran.
Por contra, el major, defendido por la letrada Olga Tubau, negó en todo momento cualquier tipo de acuerdo con el Govern para facilitar la celebración del referéndum que el Tribunal Constitucional había suspendido. Es más, presentó las cartas que envió al presidente del TSJC y al fiscal superior de Catalunya en las que se ponía “a su disposición” el día que el Parlament declaró unilateralmente la independencia. Incluso mostró un plan para arrestar a Carles Puigdemont y a los consellers.
Frente a la inacción de la policía catalana el 1-O que la Fiscalía vinculaba a un supuesto acuerdo entre Trapero y el Govern para facilitar la votación, el major defendió en todo momento que el dispositivo de los Mossos sí actuó para impedir el referéndum pero de forma proporcionada y evitando el choque con los votantes, en línea con lo que les había pedido la magistrada del TSJC a las policías autonómicas y estatales.
La sentencia no es firme. La Fiscalía –única acusación del juicio– puede recurrir el fallo ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal censuró en la sentencia del procés el dispositivo policial de los Mossos el 1-O y tendrá la última palabra sobre el futuro del major.
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