La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar por terrorismo el caso Tsunami Democràtic y ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que reclamaba que la causa se siguiera por un delito de desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
En un auto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respalda una de las decisiones más polémicas del juez y de mayor trascendencia política. La imputación por terrorismo del caso Tsunami era una forma de complicar la aplicación de la amnistía para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los otros nueve imputados del caso.
La decisión de este lunes de los magistrados de la Audiencia Nacional responde a un recurso interpuesto el pasado mes de noviembre por la Fiscalía, y llega después de que el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial, respaldara sin fisuras la imputación por terrorismo y asumiera el caso Tsunami contra el expresident catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.
En su recurso, el fiscal Miguel Ángel Carballo descartó que la plataforma Tsunami Democràtic colmara los requisitos del delito de terrorismo e incluso de una organización criminal. Para el fiscal Tsunami fue, en realidad, el “banderín de enganche” para canalizar el descontento por la sentencia del procés de 2019 mediante distintas protesta.
Por contra, la sección 3ª de la Sala de lo Penal resuelve rechazar el recurso del fiscal toda vez que el Supremo ya determinó que los hechos sí podían investigarse por terrorismo. “Sobre la naturaleza y calificación jurídica de estos hechos se ha pronunciado el Tribunal Supremo”, se limita a recoger el auto, para a renglón seguido reproducir íntegramente algunos de los argumentos del Alto Tribunal.
En una breve argumentación, la Sala agrega una breve citación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que la Audiencia Nacional “conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos así como de los delitos conexos con los anteriores”.
La decisión de la Sala de lo Penal, que ha venido respaldando a García Castellón en todos los extremos más polémicos de la instrucción acordados por el magistrado, da vía libre al instructor para que lleve a cabo las citaciones de los imputados que había acordado en noviembre y que se habían recurrido, entre ellas las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros nueve imputados salvo Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, en manos del Supremo
El del fiscal no es el único recurso rechazado. Los jueces también desestiman las impugnaciones de la militante de ERC Marta Molina y el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay contra el auto de noviembre de García Castellón que dio el pistoletazo de salida a reactivar el caso Tsunami en plenas negociaciones para la amnistía tras varios años de parálisis.
Argumenta la Sala que de la resolución de García Castellón “se desprende la existencia de perjudicados y el posible uso de instrumentos aptos para causar graves daños materiales y personales, con numerosos heridos y un agente de la Policía Nacional que quedó inconsciente tras impactar en su cabeza una piedra”, lo que obligó a su traslado a un hospital. Cabe recordar, sin embargo, que esa lesión se produjo en una protesta que no convocó Tsunami Democràtic.