La Audiencia de Tarragona revocó el pasado 28 de junio la prisión preventiva en la que permanecían desde hacía un mes los dos presuntos líderes de la empresa Antiokupa Tarraco, definida por el juez del caso como una organización criminal dedicada a los desalojos ilegales y violentos.
En sendos autos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados acordaron dejar sin efecto la prisión provisional que el juez de Reus Diego Álvarez, que investiga la causa, había decretado contra los dos principales investigados el 17 de mayo al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Por contra, los magistrados de la instancia superior consideraron que el riesgo de reiteración delictiva de la banda había desaparecido con su desarticulación tras la operación judicial y policial. Tampoco vieron un peligro alto de que los dos acusados huyeran de España, y abogaron por la retirada del pasaporte y la obligación a acudir cada semana a firmar al juzgado como medidas para combatir el riesgo de fuga.
La operación sobre Antiokupa Tarraco ha dejado al descubierto un reguero de violencia y racismo en decenas de actuaciones de la empresa a lo largo y ancho de Catalunya.
Además de la causa de Reus, sus líderes también están investigados por amenazas a una familia a la que querían echar ilegalmente de su casa en Barcelona. “Hija de puta, así no quieres finalizar con esto, no tienes miedo por tu hija”, “si no te vamos a joder la vida”, “día y noche te vamos a vigilar”, fueron algunos de los mensajes que recibió la víctima por Telegram y Whatsapp entre marzo y abril, tal y como desveló este diario.
La investigación de más de un año del juez de Reus y los Mossos d'Esquadra ha permitido constatar el 'modus operandi' de la banda: una primera fase de falsa mediación para conseguir, en tono intimidatorio, un compromiso del inquilino para abandonar la vivienda. Después se pasa a la vigilancia y acoso del piso, fase en la que las amenazas son más explícitas, para seguir con los daños físicos a la vivienda o la inutilización de las cerraduras. Si todo esto no tiene éxito, la empresa, según la investigación, ha llegado a quemar vehículos o apalear a inquilinos.
Los magistrados que revisan las decisiones del juez de Reus avalaron la instrucción del caso, y consideraron que los desalojos violentos e ilegales de Antiokupa Tarraco podían enmarcarse en posibles delitos de daños, coacciones, amenazas, acoso, allanamiento de morada, robo con fuerza y lesiones.
Los autos exponen el “intenso flujo de comunicaciones” entre los dos investigados, considerados los líderes de Antiokupa Tarraco, y destacan la confianza mutua entre ambos para gestionar los desalojos por la fuerza de familias en muchos casos vulnerables. Destacan además que uno de ellos “ha sido identificado tanto policialmente como por terceras personas como la persona que se ha personado en su domicilio para presionar o coaccionar a los inquilinos para que lo abandonaran”.
Sin embargo, los jueces consideraron que ambos presentan un “intenso arraigo” en España, lo que provoca que la prisión preventiva resulte desproporcionada. “Aunque se investigan unos hechos graves y que precisan de cierta capacidad logística y económica, no es menos cierto que se encuentran muy localizados en la provincia de Tarragona”, razonó el tribunal.
En suma, para los jueces “no existe riesgo de fuga tan elevado que justifique el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional”. Los dos líderes de Antiokupa Tarraco podrán esperar en libertad la decisión del juez sobre enviar el caso a juicio.