El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una reacción institucional a la sentencia del juicio a los líderes independentistas que declara su condición de “presos políticos” y exige su liberación. En la moción, propuesta por ERC y aprobada con los votos de BComú, los republicanos y JxCat, el pleno se compromete a trabajar junto al resto de instituciones y la sociedad civil en favor de la liberación de los encarcelados y para llamar a la movilización como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, prevista para las próximas semanas.
El texto aprobado defiende el derecho a la autodeterminación y la celebración de un referéndum para que los ciudadanos de Catalunya puedan “decidir libremente su futuro”. La declaración también reconoce la “judicialización” de la política catalana y pide también “el libre retorno de los exiliados y exiliadas”.
BComú y PSC, los dos partidos que conforman el gobierno municipal, han votado separados en esta proposición. Los comunes han apoyado la moción, mientras que los socialistas han votado en contra. “Denunciamos que las personas enjuiciadas lo están por su actividad política, que es legítima, y por eso los denominamos presos y presas políticas”, ha declarado el regidor de los comunes Marc Serra.
En defensa de la proposición, la representante de ERC Elisenda Alamany ha afirmado que la sociedad catalana y barcelonesa piden que “la solución a este conflicto político sea política y democrática”. También ha querido dirigirse a los grupos municipales que han votado en contra: “Ante una involución de derechos y libertades salimos todos perdiendo”, ha aseverado.
Elsa Artadi ha mostrado el apoyo del grupo de Junts per Catalunya a la declaración, aunque ha puntualizado que su partido no está de acuerdo “ni en el momento ni la manera” como se presenta, sin haberse coordinado previamente con otras instituciones catalanas. La neoconvergente ha lanzado un aviso: “Los derechos y libertades que condene el Tribunal Supremo pueden terminar siendo aplicados a cualquier otro colectivo social que luche por una sociedad más justa”.
La posición más crítica con la aprobación del texto la ha mostrado María Luiz Guilarte, del grupo municipal de Ciudadanos. La representante del partido naranja ha acusado a los impulsores de la declaración de pretender “otorgar privilegios” a los presos “por el mero hecho de ser políticos”, a los que ha acusado de “dar un golpe a la democracia que no puede quedar indemne”. El popular Josep Bou, por su parte, ha declarado que los líderes independentistas “se han saltado la democracia, la libertad y la unidad de los catalanes”, algo que considera que “no tiene perdón de Dios”.
Tanto PP como Ciudadanos también han remarcado la falta de consenso dentro del gobierno municipal, formado por Barcelona en Comú y el PSC. “Nuestra prioridad es Barcelona y trabajamos en este sentido”, ha declarado la socialista Laia Bonet, que admite ser consciente de las diferencias entre ambos partidos, pero defiende que la mejor opción es “dejar las confrontaciones al margen del día a día de la institución”. Por su parte, Marc Serra, de Barcelona en Comú, ha remarcado que su partido “rechaza la judicialización de la política” y ha pedido al resto de formaciones “trabajar en propuestas concretas” para solucionar este conflicto.