La única posibilidad de que los ocupantes de Can Vies recuperen el edificio pasa por una cesión temporal del inmueble dentro de la legalidad. Este es el nuevo planteamiento del Ayuntamiento de Barcelona, que de llegarse a cumplir -si lo aceptara el colectivo- tampoco evitaría el derribo definitivo de Can Vies, solo lo aplazaría entre 24 y 30 meses. Después de este período se proseguiría con la demolición para llevar cabo las obras previstas en el plan de urbanicación del llamado cajón de Sants -la cobertura de las vías de tren y metro-. Así lo ha explicado este miércoles el gobierno de la ciudad, en una rueda de prensa a tres bandas –liderada por el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, acompañado por el teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives y el regidor de Sants-Montjuïc, Jordi Martí– donde la palabra que más se ha repetido ya no ha sido violencia, sino legalidad.
Las opciones de que la cesión prospere pasan, sin embargo, porque el colectivo de Can Vies “presente un proyecto viable, con la tramitación de la licencia correspondiente”, tal y como ha advertido el primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn. “Les exigimos lo mismo que ha cualquier otro ciudadano”, ha añadido. Sin embargo, en Can Vies ya han reiterado varias veces que no negociarán y que solo esperan que les dejen reconstruir el espacio en paz. En esta línea, esta tarde han convocado una asamblea abierta a todo el barrio para discutir el futuro del inmueble.
Nada hace pensar que el colectivo de activistas asuma estas condiciones, menos aún teniendo en cuenta que el futuro del edificio es la demolición. Y es que pase lo que pase, Can Vies tendrá que ser derribado porque la zona, tal y como han explicado, está directamente afectada por el Plan General Metropolitano (PGM). En concreto, se trataría de la tercera fase de las obras de la cobertura de las vías de Sants, un proyecto aprobado en 2006 –con “una amplio apoyo vecinal”, según han recordado– que permitirá una nueva zona de paseo.
Con este escenario sobre la mesa, que sólo ha aflorado a raíz de las preguntas de los periodistas, el Ayuntamiento insinúa que hay otras salidas más atractivas, como lo sería encontrar un nuevo espacio para que las actividades sociales y comunitarias de Can Vies puedan tener continuidad. “Las violentas no las queremos”, ha añadido el concejal de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, que ha dado a entender, irónicamente, que no irá esta tarde a la asamblea organizada el colectivo.
El Ayuntamiento ha destacado, también, que ahora se dan las premisas necesarias para reiniciar el diálogo. “Todo se puede poner sobre la mesa en un escenario de legalidad y de no violencia”, han insistido. Nada hace pensar, sin embargo, que los activistas, que ya han dicho en varias ocasiones que no prevén reunirse con los responsables del derribo, quieran reiniciar el diálogo. En su intervención, Forn también ha pedido al colectivo que desista de seguir con el desescombro y que permita que lo haga Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). “Es de sentido común que este trabajo se realizará por personas debidamente preparadas, nuestra obligación es garantizar que los trabajos de retirada de los escombros sean seguros y estables”.
Ahora que la calma ha vuelto a las calles de Sants, el Ayuntamiento ha cambiado las variables de su estrategia, pero no el fondo. Si antes era el escenario de violencia urbana el que servía de pretexto al consistorio para evitar la autocrítica, ahora es el cumplimiento de la legalidad el condicionante que fija el gobierno municipal para desbloquear un conflicto que, a pesar del tono conciliador mostrado hoy por los tres responsables municipales, seguirá abierto.