La asociación Stop Bales de Goma, formada por víctimas de estos proyectiles disparados por los Mossos en Cataluña, ha decidido llevar el caso de Carles Guillot al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Guillot perdió un ojo por el impacto de una bala de goma durante el desalojo de la llamada Kasa de la Muntanya, en 2001, en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces ha recurrido a la justicia catalana y española para que se condenara al agente de la Policía Nacional responsable del disparo, pero después de once años de procesos judiciales (identificado al autor de los hechos, el juzgado archivó el caso en la fase de instrucción, pero el hombre recurrió a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional), la justicia española ha cerrado el caso denegándole cualquier indemnización.
“Queremos que esta práctica, la de ignorar a las víctimas de la violencia policial, dando total impunidad a las fuerzas de seguridad, deje de ser la norma que impera Cataluña y en el resto del Estado”, claman desde la asociación. “Por eso hemos decidido llevar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y evitar así que esta situación de vulneración de nuestros derechos fundamentales se repita”, abundan.
Los abogados que llevarán el caso a Estrasburgo acusan al Estado Español de vulnerar los artículos 6.1 (Derecho a un proceso justo en un plazo razonable) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Ahora, desde Stop Balas de Goma han puesto en marcha una campaña para conseguir dinero para llevar adelante el proceso, muy costoso a nivel económico.
En una comparecencia reciente ante la Comisión parlamentaria para el Estudio de seguridad y orden público y uso de material antidisturbios en eventos de masas, centrada en el uso de las balas goma a raíz del caso de Ester Quintana, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, defendió la utilización de estos proyectiles nos situaciones “excepcionales”. “No estamos por la moratoria de las pelotas”, advirtió, alegando cuestiones de “responsabilidad”. Hace unos meses, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, había pedido a Interior la suspensión “inmediata” del uso de las balas de goma para considerar que estos proyectiles “pueden provocar daños irreparables e incluso, la muerte”.