El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF) para abrir una línea de crédito de 140 millones de euros destinados a fundaciones y a cooperativas para que amplien el parque público de vivienda de la ciudad, ya sea rehabilitando o construyendo.
Se proyectan 1.000 viviendas, el 40% de las cuales serán en el modo de covivienda cooperativa y el 60% restante en la modalidad de alquiler asequible. “Es la mayor operación de crédito público en un ayuntamiento español y el primero que se pone a disposición de entidades del tercer sector y cooperativas”, ha asegurado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Colau ha hecho referencia a que España es el país con el parque de vivienda más bajo de Europa, motivo por el cual “hay que priorizar el derecho a la vivienda ante la especulación inmobiliaria y, para ello, necesitamos a cualquiera que trabaje sin ánimo de lucro para solucionar este problema”, ha asegurado.
Con esto, la alcaldesa ha asegurado que este convenio marca un cambio de modelo respecto a la fórmula habitual de la vivienda protegida que, a pesar de tener precios por debajo de mercado y ser de alquiler asequible, “después se acaban privatizando y ya no forman parte del parque público”. Así, en este nuevo convenio, se parte de una cesión de uso de suelo municipal y, por lo tanto, se garantiza que la vivienda siempre sea pública.
Viviendas sostenibles
“Este es un ejemplo de un buen modelo de colaboración público-privada que empieza hoy y garantiza el uso público del suelo y que facilita el acceso al crédito a las entidades del tercer sector”, ha explicado Rosario Casero, directora general de Negocios del ICO. Cediendo la gestión de las viviendas a fundaciones y cooperativas se generan también fórmulas alternativas a la propiedad plena, ya sea con el alquiler o con la covivienda.
Esta última modalidad se basa en la posibilidad de que una comunidad de vecinos acceda a una vivienda sin ser propietarios ni arrendatarios, por un plazo de tiempo amplio (entre 50 y 100 años) a cambio de una entrada y una cuota mensual muy por debajo del precio de mercado. Este modelo está ganando peso en Barcelona con ejemplos que ya están en marcha como LaBorda, un edificio cooperativo del barrio de Sants.
A cambio de acceder al crédito de 140 millones, las entidades tienen que comprometerse a construir o rehabilitar viviendas para que sean sostenibles, que incorporen mejoras energéticas y limiten los elementos contaminantes. “Como entidad pública de crédito, queremos promocionar actividades sociales y económicas que tengan una visión distinta a la que financia la banca tradicional”, ha asegurado Jordi Óliva, consejero delegado del ICF, quien ha agregado que el obejetivo del Institut no es “generar dividendos ni retribuir a accionistas”.
Así, este modelo que Barcelona espera que se extienda por el resto del país, cuenta con unas condiciones de crédito favorables a las entidades. Se trata de un crédito a 30 años con hasta cuatro años de carencia de pago.