El Ayuntamiento de Barcelona ha desalojado a 47 subsaharianos que desde hace dos años sobrevivían como podían en dos de las muchas naves industriales que hay abandonadas en el barrio del Poblenou. Como tantas otras personas en su precaria situación, los afectados se dedicaban a recoger y vender chatarra. El desalojo lo ha ordenado un juzgado a petición del Ayuntamiento de Barcelona, que después de hacer una inspección técnica a las dos naves detectó “graves deficiencias de seguridad y salubridad”. Desde el consistorio aseguran que la operación se ha realizado para garantizar la seguridad de los ocupantes, y en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación informan que el desalojo “ha sido cubierto desde el principio por un equipo del Servicio de Emergencias del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes”, para reforzar la idea de que el cierre de las naves se ha pedido para ayudar a los inmigrantes. Lo que no dice la nota es que, además de los servicios sociales, el desalojo lo han llevado a cabo los agentes antidisturbios de la Guardia Urbana acompañados por agentes de la Policía Nacional, que tenían el objetivo de comprobar la documentación de los inmigrantes. De hecho, cuatro de los 47 afectados han sido trasladados a comisaría y es posible que los terminen expulsando del país.
En Barcelona, ​​según el censo que presentó el Ayuntamiento en el mes de octubre, hay 62 asentamientos donde viven 735 personas. El barrio del Poblenou es uno de los que más asentamientos tiene, ya que aún quedan muchas naves industriales abandonadas donde es más fácil acumular la chatarra que recogen las personas que viven en ellas. Para intentar ayudarlas, se creó hace años la Red de Apoyo a los Asentamientos del Poblenou. Uno de sus abogados es Andrés García. A pesar de las buenas intenciones que asegura tener el Ayuntamiento, el abogado de esta entidad solidaria denuncia que “hay un plan preestablecido de asentamientos que se vende como un plan de integración pero que en realidad quiere erradicar los asentamientos”. García lamenta que no se ha dado opción a rebatir o solucionar los problemas que se detectaron en las naves después de la inspección técnica del ayuntamiento. “Quizá una parte de la nave estaba afectada pero no toda. El Ayuntamiento lo ha hecho todo de espaldas a nosotros y no hemos tenido la opción de contradecir sus informes”. Conocedor de esta realidad, García explica que después de este desalojo los afectados “no tienen muchas opciones” y que “la ocupación está más que legitimada en un momento como el actual”. El abogado recordó que en el Poblenou hay “tantos y tantos espacios vacíos” y dio gracias que esta semana “no está haciendo mucho frío” porque muchos de los desalojados pasarán seguramente algunas noches al raso.
Trasladar el problema
El problema de los asentamientos irregulares se arrastra desde hace muchos años en la capital catalana. Sus ocupantes suelen ser inmigrantes subsaharianos pero también hay rumanos, galaico-portugueses y también autóctonos. A un lado de la balanza está el riesgo evidente que supone para la seguridad el hecho de que decenas de personas vivan en un lugar que no cumple los requisitos necesarios. También hay que tener en cuenta las quejas de los vecinos, que no siempre están a favor de los ocupantes. En el otro lado, en cambio, existe la voluntad de ayudar a los más desfavorecidos y la certeza de que desalojar una nave de estas características sólo servirá para trasladar el problema a otro lugar, porque la realidad es tozuda y la pobreza no desaparece como por arte de magia. Para intentar poner punto y final a este problema, el Ayuntamiento de Barcelona presentó el pasado mes de octubre el Plan de Asentamientos Irregulares, pero fue criticado por la oposición y también por la Red de Apoyo a los Asentamientos. El plan ya está en vigor y ahora se está ejecutando la primera fase, que consiste en “inspeccionar los asentamientos existentes para garantizar la seguridad de las personas”. También está previsto el ofrecimiento de un alojamiento temporal, pero los afectados no suelen aceptar porque no se fían de las instituciones y porque según donde sea el alojamiento ya no se pueden dedicarse a trabajar recogiendo chatarra. De los 47 desalojados este lunes, sólo cuatro han aceptado un alojamiento temporal.
La Red de Apoyo ha convocado una manifestación en contra de los desalojos y del racismo esta tarde ante la comisaría de Via Laietana.