Antes de las 7 de la mañana, un macrodispositivo policial, formado por más de 100 agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, han desalojado la Tancada Migrant, un espacio ocupado en el Raval que ejercía como residencia de 37 migrantes en situación administrativa irregular. Se encuentra en el edificio que antes acogió a la escuela de arte Massana y es de titularidad pública.
El espacio fue ocupado en 2018 y llegó a recibir la visita del entonces president Quim Torra y contó con el beneplácito del Ayuntamiento de Ada Colau. Con la llegada de Jaume Collboni a la alcaldía, el consistorio cambió de ruta y, en septiembre de 2023, inició los trámites para recuperar el inmueble. Trámites que han finalizado este jueves y han acabado con 36 hombres y una mujer desalojados.
De los habitantes de la Tancada Migrant, dos han sido detenidos y cinco están en disposición judicial. Según el concejal de Ciutat Vella y teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, entre todas las personas identificadas sumaban 149 antecedentes policiales. Del recuento se ha encargado la Policía Nacional, que ha identificado a todos los que iban saliendo del espacio.
Miembros del Sindicat d'Habitatge del Raval temen que las personas con antecedentes, al estar en situación administrativa irregular, sean llevadas al CIE. Batlle no ha querido explicar cuál será su destino y lo ha dejado en manos de la CNP, que deberá “decidir cómo aplica la ley de extranjería”.
Otra de las incógnitas que reinan ahora mismo es dónde pasarán la noche las personas que han sido desalojadas. El Ayuntamiento asegura que, desde que se iniciaron los trámites para recuperar el espacio, los Servicios Sociales han hecho un “acompañamiento constante” a los residentes para preparar alternativas habitacionales para cuando se efectuara el desalojo.
Batlle asegura que se han ofrecido soluciones. “Pero no nos consta que hayan sido aceptadas”, asegura. Insiste en que se va a hacer un análisis personal de cada caso para ofrecer una vivienda digna. Eso sí, sólo para las personas que puedan acreditar situación de vulnerabilidad. En la Tancada Migrant hay dos personas en esta situación, pero no porque el resto tengan una salida garantizada, sino porque para acreditar la vulnerabilidad hace falta un informe de Servicios Sociales que sólo se realiza a quienes tengan padrón.
Los activistas son contundentes y aseguran que todas las personas que vivían en la Tancada son vulnerables. De hecho, intentaron empadronarse en el espacio ocupado, pero el Ayuntamiento les denegó la petición.
Batlle no ha querido concretar qué tipo de soluciones se ha ofrecido a quienes sí han podido tener el informe de Servicios Sociales e insiste en que “se estudiará caso a caso”. Desde el Sindicat han confirmado que la opción que se les ha dado ha sido “un par de noches en un albergue. Luego, nada”.
También niegan que haya habido acompañamiento de Servicios Sociales. Aseguran que los trabajadores solo han pasado por el espacio una vez, para realizar un censo preliminar, pero no para estudiar cada caso. “Hemos tenido que pedir hora nosotros y no siempre nos atienden”, explica una de las personas residentes.
Problemas de seguridad
El consistorio ha optado por un desalojo por la vía administrativa, que no pasa por juzgados. Basta con que la administración propietaria del inmueble justifique que el espacio es de utilidad pública y requiera darle uso. La notificación de desalojo, a la que ha tenido acceso este diario, no va firmada por un juez, sino por Albert Batlle. En el texto, se daba 10 días a los residentes para abandonar el espacio. El plazo acabó el pasado 8 de marzo, pero han tenido algunas semanas más de margen gracias a los recursos de altura que algunos residentes y el Sindicat interpusieron.
El juez todavía no los ha resuelto, pero aun así, a petición del Ayuntamiento, ha autorizado el desalojo. Los activistas aseguran que el operativo se ha hecho “sin garantías” y lamentan que no han recibido ninguna notificación. “Cuando lo hemos sabido y hemos llegado, ya era tarde”. Por su parte, Batlle asegura que el desalojo sí se ha hecho “con todas las garantías jurídicas”.
Los principales motivos que expone el Ayuntamiento para el desalojo son “los requerimientos de seguridad y salubridad exigibles para el uso de este local”, tal como figura en la notificación de desalojo. “Era un lugar inhabitable sin condiciones. Era indigno y era necesario de buscar algún tipo de salida para estas personas”, ha apuntado Batlle.
Tanto los residentes de la Tancada como colectivos del barrio que los atienden se muestran de acuerdo en que es un espacio “complicado y conflictivo”. “No es un buen lugar para vivir. El problema es que no tienen otra cosa que no sea la calle”, aseguran desde el Sindicat d'Habitatge del Raval.
Algunos de los residentes también reconocen que hay peleas debido a “robos, malentendidos o cuestiones religiosas”, pero también apuntan que “pocas cosas pasan” teniendo en cuenta las condiciones en las que viven.
Al principio, dormían en colchones en el suelo, lidiando con las goteras y humedades, así como con la falta de intimidad y la inseguridad de perder sus pertenencias. Pero con el paso del tiempo, fueron construyendo pequeños módulos de menos de 3 metros cuadrados que se cerraban con candado y dentro de los cuales cada quién se acomodaba cómo podía. “No es una buena vida, pero es mejor que estar en la calle”, afirman.
Un futuro “uso cultural”
El Ayuntamiento insiste en su voluntad de dar un “uso cultural” a la Tancada Migrant. Pero Batlle no ha concretado cuál será ese uso ni tampoco el calendario con el que cuentan. De momento, la policía ya ha tapiado la puerta del recinto. Una operación que se ha realizado antes de que los residentes pudieran volver a entrar a recoger sus pertenencias.
Los activistas y grupos de apoyo vecinal que les han acompañado auguran que el espacio “va a estar cerrado mucho tiempo” antes de que se le dé cualquier uso. “Y mientras, estas personas en la calle”. Aseguran que la voluntad del Ayuntamiento no era tanto recuperar el espacio, sino acabar con la ocupación.
“Enmarcamos este operativo en una operación de higienismo social que busca expulsar a los más pobres, mientras se extiende una alfombra roja a los especuladores”, afirman desde el Sindicat.
A todo esto, los activistas han perdido la pista de muchas de las personas que vivían en la Tancada que, después de ser identificadas, han empezado a buscar dónde dormir esta noche. La mayoría de ellos no tienen la seguridad de poder hacerlo bajo un techo ni un horizonte claro para solucionar su situación.