Barcelona ha endurecido la presión contra los pisos turísticos ilegales que, a pesar de no tener licencia, siguen operando en la ciudad. En plena campaña de verano, el consistorio reforzó el área de inspección que, durante la primera quincena de julio, detectó irregularidades en 134 apartamentos. De ellos, han constatado que 75 estaban funcionando sin permiso y han sido cerrados.
Todos ellos se enfrentan ahora a procedimientos disciplinarios que comportan sanciones de entre 60.000 y 600.000 euros. Del resto de los pisos inspeccionados, en 43 no se detectó presencia de turistas durante la visita de los agentes y en 16 no se consiguió entrar. La teniente de alcalde Laia Bonet ha asegurado que estos casos se seguirán de cerca y se realizarán más inspecciones en el futuro.
Bonet ha querido dejar claro que “la mayoría” de estos pisos no son propiedad de particulares, sino que pertenecen a “mafias” que ejercen una “actividad turística ilegal intensiva y masiva”. La teniente añade que se trata de grupos que delinquen en diversos países simultáneamente y que, además de operar sin licencia, también cometen otras infracciones como evasión, fraude fiscal y uso de documentación falsa.
Se trata de tramas que operan con decenas de pisos a la vez. El modus operandi suele ser siempre el mismo: un conjunto de empresas adquiere los inmuebles, en los que a menudo realiza obras para poder tener dos pisos turísticos de cada apartamento. Luego, los alquila a personas extranjeras que, en realidad, no residen en ellos y estos los comercializan a través de plataformas como Booking o Airbnb.
Estos entramados, tal como alertan desde el consistorio, han ido tomando fuerza en los últimos años. Según datos municipales, hace un año se habían detectado 38 redes organizadas, de las cuales 22 ya no están activas. De hecho, a finales de 2023, el consistorio impuso la mayor sanción hasta la fecha a este tipo de alojamientos al multar con 600.000 euros (el máximo permitido) a una trama que operaba con 37 pisos y que gestionaba fincas enteras.
Este tipo de acciones, según Bonet, son posibles gracias al aumento de operativos y a una estrategia coordinada entre diversos agentes. Sólo en esta campaña extraordinaria de principio de julio han participado la Guàrdia Urbana, los Mossos d'Esquadra, las Agencias Tributarias catalana y española, el Ministerio de Hacienda, Inspección de Trabajo y el Incasòl.
El trabajo para detectarlas y acabar con su actividad es “difícil y complejo”, tal como apunta Albert Tomàs, responsable del equipo de inspección del Ayuntamiento, que apunta a la necesidad de cooperar y “redimensionar las herramientas”. Y es que este tipo de mafias requiere que se actúe en todos los pisos a la vez para que “no se avisen los unos a los otros”.
Además, esta colaboración debe traspasar fronteras, ya que a menudo, según Bonet, se debe pedir la cooperación de administraciones y cuerpos policiales internacionales para poder localizar bienes y dinero “allá donde estén”.
Por eso, y tal como anunció el alcalde Jaume Collboni a principios de julio, el consistorio tiene la intención de doblar los recursos para la inspección. “Necesitamos recuperar el máximo número de pisos para aquello para lo que fueron construidos. Los pisos son para vivir”, ha remachado la teniente.
Una guerra de largo recorrido
En 2016, la entonces alcaldesa Ada Colau inició la lucha contra los pisos turísticos ilegales. Entonces, se estimaba que había 6.000 apartamentos operando sin licencia, de los cuales aquel consistorio consiguió cerrar la mitad en dos años.
Colau hizo de la guerra contra este tipo de apartamentos una seña de sus mandatos -sobre todo del primero- y la orden de tener tolerancia cero contra aquellos que operen sin licencia se ha mantenido hasta la fecha.
Según Bonet, el consistorio detecta 300 pisos ilegales al mes, pero gracias a la ampliación del cuerpo de inspectores y a la que las plataformas “normalmente actúan de forma inmediata”, estos anuncios no están disponibles durante mucho tiempo. En lo que va de año, el servicio de inspección municipal ha realizado 1.124 visitas, ha dictado 944 órdenes de cese de actividad ilegal y ha incoado 491 expedientes sancionadores.
El consistorio liderado por el socialista Jaume Collboni ha hecho suya la lucha contra los pisos de Ada Colau (prácticamente la única política de la exalcaldesa que ha continuado) y ya ha anunciado su intención de acabar con todos ellos. El consistorio pretende eliminar progresivamente las licencias de los 10.100 pisos turísticos que hay en Barcelona y que en 2028 sea una ciudad libre de este tipo de alojamientos.
La intención del Ayuntamiento es devolver estos inmuebles al mercado del alquiler y ampliar el parque público de vivienda. De hecho, este mismo miércoles, el consistorio aprobó la compra de una finca en la que hay 12 pisos turísticos, 9 de alquiler de temporada y dos de renta antigua. La compra se realizará por valor de 8 millones de euros y las viviendas serán destinadas a jóvenes.
Diversas entidades de defensa del derecho a la vivienda celebran estas políticas de Collboni, pero alertan de que la eliminación de las licencias turísticas no puede ir acompañada de una ampliación del número de plazas hoteleras porque, además de la crisis del mercado de la vivienda, dicen, Barcelona también sufre de “masificación turística”.