Barcelona se prepara para precintar clubes cannábicos tras el revés judicial a su regulación

El modelo de los clubes sociales de cannabis, consolidado en Barcelona durante la última década, podría tener los días contados. La Justicia ha tumbado la normativa aprobada por el Ayuntamiento en 2016 que regulaba los más de 200 locales de este tipo en la ciudad. Con esta decisión, confirmada por el Tribunal Supremo, ha desaparecido el último paraguas legal que les quedaba a estos espacios. Tanto el consistorio como estas asociaciones asumen ahora que lo siguiente serán los precintos.

“La mayoría de las asociaciones asume que tarde o temprano les precintarán el local”, lamenta Eric Asensio, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (CatFAC). Asensio explica que las entidades no tirarán la toalla pero a la vez reconoce que, con las decisiones judiciales y sin una norma de ámbito estatal que las regule, los clubes de cannabis tal y cómo existen a día de hoy tendrán difícil sobrevivir. “Tal y cómo nos lo plantea el Ayuntamiento, no hay una vía de trabajo abierta”, remacha.

El Ayuntamiento, que defiende la regulación de estos locales, comunicará primero por escrito a las asociaciones que la nueva normativa impide la “venta, consumo y promoción” del cannabis e iniciará “próximamente” una campaña de inspección en todos estos locales. “Se empezará por los que mayor impacto negativo generan, enfocados al turismo y a la venta masiva”, señalan desde el Consistorio. Después se inspeccionarán los demás.

Los representantes de estos clubes recuerdan que el modelo que ellos defienden ya no contempla la venta ni promoción del cannabis, sino que se basa en un circuito cerrado de consumidores que montan una asociación privada para compartir la marihuana de un mismo cultivo. Desde el Ayuntamiento no lo entienden así y explican que actualmente sí se podía consumir, vender y promover el cannabis en estos recintos.

La realidad es que bajo el concepto de club de fumadores han proliferado en la capital catalana todo tipo de locales, desde algunos que se han adherido a un “código de buenas prácticas” del sector hasta los que se han abierto para hacer negocio vendiendo marihuana. La duda es si algunos podrán sobrevivir tras la última decisión de los tribunales.

Un largo periplo judicial

El Supremo rechazó estudiar el recurso del consistorio a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó, en 2019, el plan especial municipal de ordenación de los clubes cannábicos. Se confirmaba así la anulación de la normativa que dio amparo legal a más de 200 clubes (algunos recuentos lo elevan a 350 locales), convirtiendo la capital catalana en la ciudad con más asociaciones cannábicas del Estado.

Los jueces anularon el plan barcelonés para regular los clubes cannábicos porque invadía competencias estatales, dando la razón así al recurso presentado por la Abogacía del Estado, todavía bajo el Gobierno del PP. En aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon las normativas autonómicas aprobadas en Navarra y Catalunya, los magistrados del TSJC concluyeron que la normativa de Barcelona pretendía “forzar” una regulación que afectaba al consumo y dispensación de una sustancia estupefaciente, algo que solo podría hacer el Congreso de los Diputados mediante una modificación del Código Penal.

Al considerar que el Constitucional ya zanjó la cuestión, el Supremo descartó siquiera estudiar el recurso presentado por el Ayuntamiento, que aseguraba que su plan no colisionaba con las competencias estatales al no establecer regulación alguna sobre el consumo o distribución del cannabis. Insistía el consistorio en que su regulación –aprobada en 2016 por una amplia mayoría, solo PP y CiU votaron en contra– era urbanística. La normativa regulaba aspectos funcionales como la obligación de los locales de disponer de una doble puerta o la prohibición de que se abrieran cerca de colegios.

La decisión judicial deja a la ciudad con las manos atadas mientras no se apruebe una regulación estatal sobre el cannabis, pese a que es el Ayuntamiento la administración que recibe en primer lugar las quejas vecinales sobre estos locales, en especial en Ciutat Vella, el distrito más turístico de Barcelona.

Un modelo asentado en la ciudad

Durante la última década los clubes de cannabis se han consolidado como la principal vía de acceso a la sustancia por parte de los ciudadanos de Barcelona. Según los representantes de estas asociaciones, su implementación ha contribuido a reducir el mercado negro, también ha hecho menguar el consumo en la calle y ha logrado que los usuarios de cannabis estén mejor informados.

Según un estudio publicado en Journal of Drug Issues en diciembre de 2019, el 82% de los usuarios de estos recintos aseguraron estar mejor informados y las multas por tenencia en la vía pública se redujeron un 20%. La mitad de las mujeres que participó en el informe afirmó adquirir el cannabis en estos locales para tratar el dolor menstrual.

Tras el revés judicial, el Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha un “grupo de trabajo interno” para hacer propuestas legislativas sobre el cannabis a nivel autonómico y estatal. “La regulación de esta actividad es una necesidad que va más allá de la ciudad”, opinan en el consistorio, antes de recordar también las “propiedades terapéuticas” de la sustancia ante algunas enfermedades.

Los representantes de los clubes reclaman al Ayuntamiento que se les incluya en estos grupos de trabajo para poder contribuir a encontrar una solución. La respuesta municipal, de momento, es que se “mantendrá el contacto” y se “colaborará” con ellos aunque no formarán parte de estos grupos.

Al margen de las normativas administrativas, a nivel penal los jueces han emitido sentencias dispares sobre los clubes: se han dictado absoluciones cuando se ha constatado que la asociación estaba inscrita en el registro y limitaba el consumo de cannabis en el interior del local y solo para los socios, pero también condenas cuando se ha considerado que el club generaba grandes beneficios económicos.

Éste fue el caso de Albert Tió, condenado por un delito contra la salud pública y a dos por pertenencia a asociación ilícita, que llegó a tener que entrar en prisión por haber dirigido un club cannábico que en poco tiempo se convirtió en uno de los más importantes de Barcelona.