El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 17 obras que han esquivado la obligación de destinar el 30% de obra nueva a pisos de alquiler social. La normativa, aprobada en 2018, prevé la reserva obligatoria en promociones nuevas o en casos de reforma integral de más de 600m2.
Según ha declarado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, en estos 17 casos se ha detectado “voluntad de estafa” y ha anunciado que se incoarán sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros por obra. Según Sanz, se espera que estas cuantías tan elevadas sirvan de “aviso” para que ningún promotor más se salte la norma.
Igualmente, exigirá a los infractores los pisos que deberían haber dedicado a vivienda protegida y que, según calcula el Ayuntamiento, deberían ser unos 70. En caso de que estos pisos a estén vendidos, el consistorio exigirá la construcción de vivienda nueva en el mismo barrio donde se ha detectado el incumplimiento de la norma. “Son pisos necesarios en un contexto de emergencia habitacional”, ha asegurado Sanz.
Estas infracciones se han detectado en el marco de una campaña de inspección en que se han investigado 1.368 fincas con permisos de obra entre enero de 2019 y abril de 2022. Así, el Ayuntamiento ha descubierto un “modus operandi común”, en las promotoras que han esquivado la norma.
Para evitar reservar el 30% a vivienda social, el promotor no solicitó una única licencia de gran rehabilitación para hacer una actuación global en todo el edificio. En lugar de eso, tramitó diversos permisos para rehabilitar fachada, reformar pisos concretos o redistribuir espacios.
A parte de estas 17 promotoras que se han saltado la norma del 30%, el consistorio también ha detectado 138 obras no ajustadas a la normativa y en las que se han encontrado irregularidades “importantes” como segregaciones de pisos o cambios de usos.