La alcaldesa Ada Colau ha presentado este lunes uno de los planes más sensibles de su gobierno: el proyecto de reformulación de la Guardia Urbana. Uno de los aspectos más polémicos es el futuro de la Unidad de Apoyo Policial (USP), los conocidos como los antidisturbios de la Guardia Urbana. Barcelona en Comú se comprometió a “disolver progresivamente” esta unidad, aunque se desdijo cuando llegó al gobierno. “No se deben confundir las unidades con las funciones”, aseguraba la alcaldesa en una entrevista en Catalunya Plural, añadiendo que las USP ya no hacen esta función.
El nuevo plan establece la creación de una Unidad de Refuerzo a la Proximidad y Emergencias (URPE), que incorporará las funciones actuales de la USP y también diversas tareas de prevención. Entre las funciones que mantiene la URPE están la protección de espacios públicos con gran afluencia de personas, zonas de especial riesgo o apoyar en “la gestión de detenidos alterados o personas agresivas”. A pesar de incorporar las funciones de la USP, los agentes de esta unidad no pasarán directamente a la URPE sino que deberán pasar un proceso de selección interna todavía por determinar.
El plan de Amadeu Recasens, comisionado de Seguridad del Ayuntamiento, prevé también reforzar la labor de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos. Quieren que esta unidad ponga énfasis en la identificación de buenas prácticas policial “para promover el ejemplo y el reconocimiento”. Este replanteamiento pasa por la creación de una Comisión de Ética y Calidad.
Un agente para cada barrio
El modelo de policía presentado hoy hace hincapié en la proximidad. La alcaldesa ha defendido “una Guardia Urbana más presente en el territorio, capaz de prevenir y anticiparse a los problemas” con una visión de policía comunitaria. Por eso pretenden impulsar las unidades territoriales del barrio con un agente de referencia para la comunidad en cada uno de los 73 barrios de Barcelona. Su papel será el de interlocutor con la ciudadanía y el tejido asociativo y vecinal.