El desahucio que este miércoles ha sufrido Hiba Kimakhe y sus tres hijos en el barrio de Sants de Barcelona, en el que por primera vez en varios años ha habido uso de fuerza policial por parte de los Mossos d'Esquadra, ha enfrentado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el Govern de la Generalitat.
Por medio de tres mensajes en twitter, la alcaldesa ha responsabilizado de lo sucedido al Gobierno central y el Tribunal Constitucional, en primer lugar, por haber suspendido la ley catalana contra los desahucios impulsada por el anterior gobierno de Artur Mas. “Les hacemos directamente responsables de las 10 órdenes de desahucio diarias en Barcelona”, ha asegurado la alcaldesa. Pero no se ha quedado ahí y, en un tuit posterior, ha exigido al Govern que los Mossos “no vuelvan a desahuciar nunca más a una familia con criaturas”.
Esta última apelación al cuerpo policial y gobierno catalanes ha levantado polvareda y en seguida ha sido respondido por la cuenta oficial de los Mossos. La policía autonómica ha recordado a Colau en otra cadena de tuits que no han actuado a instancias del Govern sino de la autoridad judicial y ha lamentado que se les coloque “en el punto de mira de una problemática que debería ser afrontada desde ámbitos políticos y sociales”.
Tras el encontronazo en las redes con los Mossos, la alcaldesa de Barcelona ha comparecido de urgencia ante la prensa para explicar un caso que ha considerado “ejemplar, para mal”. Tras detallar los esfuerzos del ayuntamiento para que esta situación no ocurriera y explicar las razones especulativas que han llevado al propietario del piso a rechazar todas las propuestas del Ajuntament, Colau ha matizado las acusaciones contra la administración catalana.
Según la primera autoridad de la ciudad, la apelación a la Generalitat vía tuiter pretendía ser una llamada para que “cuente con el Ayuntamiento” a la hora de abordar situaciones como las de hoy. Pese a la rebaja del tono, Colau se ha mostrado firme en la crítica a la actuación policial, por considerar que acudir con tres furgonas de antidisturbios a echar a una madre con tres hijos “está fuera del sentido común”.
Desde la policía autonómica explican a Catalunya Plural cómo actúa en ocasiones como la de este miércoles. Según indican, el procedimiento habitual es acudir con el secretario judicial, que decide cómo proceder, y un jefe del dispositivo de los Mossos, que es quien toma las decisiones logísticas sobre qué efectivos emplear para cumplir con lo que marquen los juzgados. Sin embargo hace años que en Barcelona había dejado de ocurrir que la policía interviniese arrastrando a los activistas que intentan parar el desahucio, y tampoco es frecuente que los identifique, como sí ha ocurrido en el desahucio de este miércoles.
Realojo de la familia y medidas en vivienda
Tras afirmar que hubo “una buena respuesta” por parte de la Generalitat y los ayuntamientos a la suspensión de la ley antidesahucios, Colau ha reclamado “celeridad” al Govern en la elaboración y tramitación de la ley que deberá sustituir a la suspendida por el Constitucional. “Las administraciones, todas, somos las responsables de dar alternativa habitacional para casos como el de hoy”, ha considerado la alcaldesa.
Además, Colau ha asegurado que desde el Ayuntamiento se garantizará la alternativa habitacional de la familia desahuciada de forma inmediata. Según explican fuentes de la PAH, ya hay un acuerdo entre el consistorio y la familia para poner a punto una vivienda municipal en los próximos días y en el mismo barrio –para limitar el impacto en los niños que evitarán cambiar de escuela–, a la que acudirán de forma temporal hasta encontrar una solución mejor. Pese al acuerdo, el Ayuntamiento no ha evitado que la familia deba pasar los primeros días tras la pérdida del domicilio en una pensión. Hiba y su familia acabarán en la mesa de emergencia, que deberá dar respuesta a su caso, esta vez sí, de forma permanente y mediante el establecimiento de un alquiler social.
Más allá del caso especialmente traumático pero puntual de la familia de Hiba, la PAH pone el acento en los ocho desahucios diarios que se producen en la ciudad. “¿Cuántas sanciones se han puesto para movilizar vivienda vacía? ¿Cuántos de los 2.500 pisos de la banca que aún se pueden multar por leyes que no están suspendidas han sido efectivamente multados?”, se pregunta el portavoz de la Plataforma, Carlos Macías. “Sin ampliar el parque público de vivienda esto pasará cada día”, zanja.
En su comparecencia, Colau se ha mostrado de acuerdo con la opinión de la PAH. “Por supuesto que hacen falta más pisos”, ha considerado, “hacen falta alquileres sociales y que todas las administraciones pongan herramientas para hacerlo posible. Respecto a los datos sobre sanciones a pisos vacíos de grandes propietarios, la alcaldesa ha preferido esperar a mañana para ofrecerlos. ”Mañana precisamente estaba previsto que haya una reunión con el regidor de vivienda, en la que se dará la información sobre nuevas medidas del Ayuntamiento en la materia y los resultados parciales de las primeras medidas que se han llevado a cabo“, ha apostillado.