El Gobierno de Ada Colau, en solitario tras la expulsión del PSC –aprobada por las bases de BComú el pasado fin de semana–, ya trabaja para rellenar los huecos dejados por los concejales socialistas. A la espera de que se presente este jueves el organigrama definitivo, el plan de Barcelona en Comú es claro: no habrá revolución en las áreas.
La reorganización respetará grosso modo el reparto de tareas hecho tras la victoria en 2015, con la posible incorporación de algún comisionado. En cuanto a la gestión de políticas, se optará por los pactos puntuales, con un primer objetivo en mente: los presupuestos municipales. El Gobierno quiere priorizar la aprobación de las cuentas mediante la negociación para evitar de nuevo verse abocado a una moción de confianza, una herramienta que ya usó el año pasado.
Si bien el volumen de trabajo fruto de la ruptura con el PSC preocupa a parte de los concejales de BComú, la idea es un cartapacio –según apunta un portavoz del Gobierno– “de continuidad”. Según explica la misma fuente, los gerentes y cargos que llegaron al consistorio con el PSC servirán ahora para “repartir las cargas” asumidas por los once regidores de Colau.
Según ha podido confirmar este medio, el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, asumirá el grueso de Empresa y Promoción económica. “Ya estamos trabajando en estos ámbitos”, destaca un portavoz de dicha tenencia de alcaldía, la de Economía. El Gobierno estudia aún cómo asumir la gestión de la Fira de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca –áreas hasta ahora coordinadas por el líder del PSC, Jaume Collboni– sin sobrecargar a la mano derecha de Colau.
En el resto de parcelas gana enteros la opción de que las áreas gestionadas hasta ahora por concejales del PSC pasen directamente a los tenientes de alcaldía nombrados antes del acuerdo con los socialistas. El reparto lógico apuntaría a que Janet Sanz se quedara así con Arquitectura y Patrimonio, hasta ahora en manos de Daniel Mòdol; y que Laia Ortiz –Derechos Sociales– recuperara Infancia, Juventud y Personas Mayores, en manos de la socialista Carmen Andrés. De la misma forma, Agustí Colom podría sumar Turismo a la concejalía de Comercio.
Si bien Gerardo Pisarello aseguró que la previsión es que “no aumenten los comisionados”, aún se baraja la opción de que Cultura –otra de las áreas que manejaba Collboni– pase a tener más entidad con la designación de un delegado bajo la dirección de la tenencia de Jaume Asens. BComú quiere dar importancia al área, que antes de la llegada de Collboni ya tuvo una comisionada, Berta Sureda.
El Gobierno también tendrá que cubrir la representación en los distritos que dirigía el PSC. Por el momento sólo Sarrià-Sant Gervasi, el distrito con más poder adquisitivo, tiene nuevo dueño: Jaume Asens sustituirá al socialista Daniel Mòdol. Los encargos en los distritos –según apuntan fuentes cercanas a las negociaciones– están supeditados a cambios de última hora, y se mantiene la incógnita sobre el Eixample, de gran actividad comercial, y Sant Andreu.
El gran volumen de trabajo fue uno de los motivos que llevó a BComú hace un año y medio a buscar un acuerdo con el PSC. Ada Colau ha confirmado que trabajará en solitario, buscando acuerdos puntuales con la oposición en función de cada política. Sin demasiadas incorporaciones, tal y como prevé la alcaldesa, está por ver cuán preparado está ahora el Gobierno, dos años y medio después de su victoria, para ejercer con sólo once regidores.
Unos presupuestos “dialogados”
La salida de los socialistas del Gobierno de Barcelona era condición sine quan non para que las formaciones independentistas del pleno tendieran la mano a Ada Colau. Y así ha sido tras la expulsión del PSC: ERC y el PDeCAT han vuelto a recordar este martes que ofrecerán estabilidad a la alcaldesa si se sienta a hablar con ellos. También la CUP ha aplaudido la salida de los socialistas del Gobierno, aunque la regidora anticapitalista recién incorporada, Eulàlia Reguant, se ha mostrado más reticente a facilitar acuerdos. Para ello, Reguant pide “políticas rupturistas”.
La mano tendida de momento ha sido respondida con tibieza por el Gobierno municipal, que no quiere dejarse caer así como así en el espacio soberanista y que ha insistido en buscar pactos con todo el pleno. Pisarello ha matizado que la prioridad en las alianzas sigue pasando –pese a la herida abierta– por el PSC, pero también preferiblemente por ERC y la CUP. De la capacidad de negociación de Colau dependerán en los próximos 18 meses políticas de ciudad tan relevantes como el tranvía, la ordenación de terrazas o la ordenanza del civismo.
Pero entre los acuerdos necesarios, uno de ellos se antoja como el principal problema: las cuentas de ciudad. Y si bien –apunta un portavoz de la primera tenencia de alcaldía– “los presupuestos dialogados” es la opción preferente para el Gobierno, la carta de la moción de confianza podría asomar por segunda vez en esta legislatura si no prosperan las negociaciones en el pleno. El mecanismo está disponible, y supondría la aprobación automática de las cuentas si en un mes la oposición no conforma una alternativa de Gobierno.
Los grupos de la oposición niegan haber tenido “conversaciones políticas” sobre los presupuestos por el momento, más allá de limitados contactos “técnicos”. Aún así, PDeCAT, ERC, PSC y el regidor no adscrito de Demòcrates, con sendas abstenciones, han permitido la tramitación inicial de las cuentas, que encaran un mes vital de enmiendas hasta su votación definitiva en el pleno de diciembre.