Albert Sales (Barcelona, 1979) es politólogo y sociólogo. Investigador sobre pobreza urbana, exclusión social y derechos laborales, ha publicado diferentes libros entre los que se cuentan Itinerarios y factores de exclusión social (2009), Malas Compañías. Las empresas transnacionales contra los derechos humanos y el medio ambiente (Icaria Editorial, 2013) o El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidadEl delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad (Icaria Editorial, 2014). Es también autor de diferentes trabajos de campo e informes sobre pobreza, y desde 2011 asesora la Red de Atención a las Personas Sin Hogar, un conjunto de 30 asociaciones que apoyan a las personas que duermen en la calle. En 2015 participó en el informe La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención, cuando el Ayuntamiento de Barcelona le propuso coordinar el programa municipal de atención a las personas sin hogar, el primer plan de atención a las personas sin hogar del Estado.
Este investigador es hoy asesor de la Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y observa atentamente el recuento de personas sin hogar que hace la Red, un termómetro que este año ha detectado cómo 1.026 personas duermen en las calles de la ciudad. “Paso de la elaboración de análisis sociales a hacer propuestas públicas con objetivos comunes entre entidades y el Ayuntamiento, con un programa de medidas”, aclara. El de las personas sin hogar es problema preocupante que, asegura, “nos guste o no nos guste, será muy duro en los próximos años en todas las ciudades europeas”.
Con estos diagnósticos, informes, recuentos y el programa de atención a las personas sin hogar, ¿Barcelona se puede considerar pionera?
Madrid también hace recuentos de calle. Lo que no tiene es la perspectiva amplia para saber cuánta gente hay en la calle en una noche, en equipamientos, en pisos... Una radiografía tan completa como la que hacemos es difícil de encontrar. Hay países nórdicos que lo tienen bien monitorizado, el Reino Unido también, pero en nuestro caso el más completo es el de Barcelona, porque implica todas las entidades y recoge la fotografía fija de los sin techo que están alojados y en la calle. Durante décadas, a las personas sin hogar se las ha atendido desde la iglesia, pero Barcelona es pionera en poner dispositivos sociales para atender a las personas sin hogar aunque hay un tejido asociativo muy potente que trabaja con estos servicios.
El plan sí es inédito. Es el primer plan de actuación sobre esta temática en España; en Europa hay pocos y en Estados Unidos hay más porque hay una trayectoria muy larga. Me consta que en España está el de Las Palmas. Nos gustaría ir más allá, lo ideal será tener recogidas todas las situaciones de precariedad habitacional en la ciudad y saber cuánta gente está en las diferentes categorías de exclusión residencial.
De personas que se encuentra sin hogar las hay en muchas situaciones, pero, por ejemplo, ¿qué les gustaría detectar?
Cuánta gente está en situación de hacinamiento, de ocupación ilegal, en proceso de ejecución hipotecaria o pendientes de desahucio, personas que se encuentran ocupando, en condiciones de sobreocupación de la vivienda, o en un espacio sin seguridad jurídica como las personas que se encuentran realquilado una habitación sin ningún contrato de por medio, los que viven acogidos en casa de familiares o amigos, gente que vive en estructuras que no están pensadas como vivienda, sin las condiciones suficientes, hogares sin suministros de agua o energía, estas son las condiciones de exclusión residencial severa. Saber todo esto sería ideal.
¿Y no se puede?
Es muy complicado. Tenemos estimaciones, podemos llegar a perfilar algunos datos a partir de diferentes fuentes de administraciones públicas y judiciales, por ejemplo. En 2014 se hizo un esfuerzo para cuantificarlo y llegaron a la conclusión de que 12.000 personas se encontraban en situación de exclusión residencial severa en Barcelona.
El sinhogarismo es un problema creciente, pero ¿qué relación tiene con la situación actual de aumento de alquileres en Barcelona?
Cada vez es más frecuente, tanto en personas como en familias. Antes asociábamos el sinhogarismo con problemáticas añadidos de las personas, que tenían un difícil encaje porque esta circunstancia estaba asociada a patologías mentales, adicciones, etcétera. Esto no ha sido del todo cierto, porque estas problemáticas venían con la ausencia de disponer de un hogar. Pero ahora mismo tenemos un problema con personas que no pueden acceder al mercado de vivienda, a pesar de tener un trabajo, la capacidad de trabajar, de decidir sobre sus vidas con toda la autonomía pero no tienen ingresos que les permitan acceder a una vivienda. Aquí el Trabajo Social puede perder su sentido porque el trabajador social más que hacer un acompañamiento lo que puede hacer es decirle: 'Puedes pedir esta ayuda, te tramito esta prestación, te ayudo a buscar un piso', pero entonces ven que entre todos no encuentran nada.
Entonces, ¿se dan casos de personas con empleo pero que no tienen un techo?
En 2013 un 4,6% de las personas atendidas por la Red tenían trabajo, disponían de ingresos del trabajo. En 2015 ya nos salía el 11%. Sólo en dos años hicimos un salto de personas empleadas sin hogar. Veremos qué dice la recopilación de datos que tendremos después del verano. Me temo que tendremos un porcentaje mayor.
Hay uno de los albergues municipales en Sant Joan de Déu que se ha especializado en acompañamiento laboral y acoge a las personas que tienen una mayor capacidad para integrarse en el mercado laboral. Tienen un 40% de las personas alojadas con trabajo. En otro tiempo, que una persona tuviera trabajo quería decir que en unos meses se iba. En tres meses reunía algo de dinero para pagar la fianza y se iba a un piso o una habitación. Ahora ya no. En tres meses sigue buscando, y en cuatro meses, cinco, seis o un año.
¿Cuánto tiempo pueden estar en estos pisos?
Depende del equipamiento, pueden ser seis meses, 18 meses...
¿Y una vez se acaba este tiempo?
Se flexibiliza, no se deja a la gente en la calle.
¿De cuántas plazas dispone la ciudad?
En Barcelona hay 2.000 plazas, entre equipamientos, pisos de inclusión, etcétera.
¿Llenas?
No tenemos ni una cama vacía.
Esto es un parque de vivienda de emergencia.
Tenemos un problema porque en los últimos años, la Red de Personas sin Hogar hizo una apuesta por no crecer con centros residenciales colectivos y ampliar la oferta de pisos. La idea era procurar una atención de calidad donde la gente tuviera intimidad, que pudiera disponer de sus espacios. Estábamos ampliando plazas con pisos y manteniendo las plazas de albergues. El problema que tenemos ahora es que las entidades no pueden mantener los programas en los pisos porque se están terminando los contratos de alquiler y los precios que tenían con particulares o inmobiliarias no se pueden pagar. Los programas de acompañamiento a la vivienda mueren porque no pueden pagar el alquiler.
¿Y se acaban los programas?
Por ejemplo, si una entidad tenía un piso de cuatro habitaciones para dar alojamiento a cuatro personas, se estaba manteniendo un programa con estas personas, trabajando la convivencia o haciendo programas de deshabituación al alcohol, por ejemplo, y esta entidad pagaba 900 o 1.000 euros al mes y ahora le piden 1.800, la entidad debe cerrar el piso, no puede sostener el coste.
La burbuja especulativa y el aumento de precios del alquiler llega incluso a las entidades de apoyo a las personas sin hogar.
Como ciudadanos, tenemos dos grandes caballos de batalla políticos, que no partidistas: la limitación de los precios de alquiler, que es un reto que compartimos todas las ciudades europeas, pero en el caso de España debemos afrontar una ley de arrendamientos urbanos que no nos permite hacer un proyecto de vida estable en la ciudad. Hay un punto clave para afrontar el sinhogarismo que es identificar que el mismo fenómeno que lleva a que haya gente durmiendo en la calle o condenados a vivir en situaciones de infravivienda de por vida es el mismo fenómeno que está expulsándonos y está destruyendo los barrios. Los está convirtiendo en zonas sólo aptas para el turismo o para gente con ingresos muy altos.
Pero los poderes públicos, como el Ayuntamiento, ¿pueden promover cambios? ¿O son demasiado grandes los intereses en juego?
La ciudad está compuesta de muchos actores y el ayuntamiento es sólo uno más, pero el mercado de la vivienda tiene su funcionamiento. Necesitamos cambios estructurales que cuenten con más complicidades.
Hace años hablaba de una lucha constante por el espacio público, de una tensa competición por las calles de Barcelona, ahora parece que la lucha haya traspasado las puertas de los domicilios.
Hay un proceso de apropiación de la ciudad, de apropiación de las relaciones, y de su atractivo, lo que hace que una ciudad sea viva, es una cultura extractivista, convirtiéndola en un bien especulativo. Es un proceso de extracción de rentas constante, buena parte de nuestra ocupación es sobreocupación para poder satisfacer las ansias extractivas. Planteémonos cuantas horas trabajamos a final de mes para pagar el derecho a la vivienda. La conclusión será indignante. Pero hay impactos que van más allá del impacto individual que tiene sobre las personas que se ven obligadas a abandonar la ciudad o las personas que se quedan en la calle. ¿En qué convertimos la ciudad? La ciudad es un entramado de relaciones. Si rompemos esta red, convertimos la ciudad en un continente sin contenido.
La despersonalización de las relaciones, la derrota de estas relaciones, el cambio del tipo de propietario ¿facilita esta selva llamada “mercado de la vivienda”?
Se puede tener la esperanza de que un pequeño tenedor de vivienda pueda preferir la tranquilidad de tener un inquilino conocido con unos precios razonables que tener gente de paso constantemente. Pero los grandes propietarios van concentrando la tenencia de viviendas con fondos de inversión, absolutamente despersonalizados. Les da igual a quién tienen ahí, al final la vivienda es una renta que puede llegar hasta el 8% anual. Es la mejor inversión existente. Tienen el tiempo y el dinero para esperar los beneficios.
Un derecho con muy buen rendimiento, pero en un ambiente de miedo en el que los vecinos temen cuándo se les acabará el contrato de alquiler.
La gente se siente en grave riesgo. Los que saben que en un par de años les pueden subir a un precio desorbitado el alquiler, que son muchos, no pueden hacer proyectos a largo plazo, es un proyecto sometido a una movilidad extrema. Puede que nos vemos obligados a dejar la ciudad de manera repentina. Es una incertidumbre constante.
Nos encontramos con la paradoja que tenemos asociaciones vecinales que se oponen a la peatonalización de zonas enteras, que echar al coche de las calles no les gusta porque saben que conlleva que les suban el precio del alquiler, y por tanto prefieren sacrificar condiciones de vida porque sienten que les están están expulsando de su ciudad. O barrios que rechazan un programa para instalar ascensores que encarece el alquiler, ¡o el metro! La llegada del metro implica el aumento de precios de alquiler, por lo que los vecinos no están convencidos.
Y mientras crece esta problemática, aumenta la gente que se queda sin casa. ¿No tiene la sensación de estar apagando fuegos constantemente?
Las políticas de atención a las personas sin hogar son eso, desde siempre, y es difícil que dejen de serlo. Cuando una persona termina en la calle es que han fallado muchas cosas. Falló el sistema de protección social, el sistema de garantías de rentas, ha fallado la garantía al derecho a la vivienda, ha fallado todo. Y también han fallado los Servicios Sociales. En el Plan lo que hacemos es poner elementos de prevención para que los servicios sociales puedan encender luces de alerta con las situaciones de riesgo y que las personas no se encuentren en la calle. Y al mismo tiempo, conectarlo con el Plan de Vivienda del Ayuntamiento. Se trata de realojar a las personas en viviendas de transición, hacer un acompañamiento social para que recuperen la vida autónoma y puedan acceder a su propia vivienda.
¿Uno de los objetivos que tiene entre manos es el de hacer entender que el sinhogarismo es una consecuencia de la no garantía de un derecho?
¡Es que es un problema de vivienda! Basta de pensar que las personas que se encuentran en la calle son diferentes o que tienen un problema, de tara individual, o una patología social. Las personas que no tienen techo no tienen ninguna patología, tienen un problema de acceso a la vivienda. Y además, la facilidad con la que asociamos el sinhogarismo con el alcoholismo o la enfermedad mental es porque efectivamente hay una correlación muy importante. Hay muchas personas sin techo que presentan patologías mentales, el reto es imaginar cuánto tiempo podríamos vivir en la calle sin tener problemas mentales. Cuánto tiempo aguantaríamos sin caer en la ansiedad o la depresión. Cuánto tiempo pasaría antes de caer en una adicción. Vivir en la calle es durísimo para la salud física y mental.
Lo que nos encontramos con una persona que lleva mucho tiempo en la calle es que reconstruir su vida requiere unos esfuerzos inmensos por su parte y de quien le apoya y es porque hemos dejado esta persona en la calle durante un tiempo excesivo.