Al sexto intento, el fondo de inversión Vauras Investments ha conseguido desalojar a las seis familias que ocupaban el llamado Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec de Barcelona. Un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra, con 17 furgonetas de los antidisturbios, se ha presentado a primera hora de este martes en el inmueble y ha sacado uno a uno al medio centenar de vecinos y activistas del Sindicato de Barrio que habían pasado la noche allí para proteger a las familias.
Más de un centenar de personas se han concentrado en la calle Lleida para protestar contra el desahucio, pero no han logrado evitarlo. Una vez ha llegado al lugar la comitiva judicial, la policía ha irrumpido en las viviendas y a las 11 de la mañana ya había completado el desalojo. “Han reventado la puerta y nos han destrozado los muebles”, relataba Susana Naranjo, una de las jóvenes que ocupaba junto con las demás familias, en las que había dos menores de edad.
El 'Bloc Llavors' se ha convertido en un símbolo de la lucha por una vivienda asequible en la capital catalana. El edificio, de 26 viviendas, es propiedad de un fondo de inversión, Vauras Investment,. En él vivían seis familias en riesgo de exclusión social, además de otros inquilinos con contratos de renta antigua. Los demás pisos estaban algunos vacíos o en fase de reformas, puesto que la intención de la propiedad era rehabilitarlos para venderlos a un precio superior.
El caso ha llegado a desatar un conflicto institucional entre los jueces y el Ayuntamiento de Barcelona y el Parlament, a propósito del nuevo decreto de vivienda de la Generalitat, el 17/2019, que obliga a los grandes propietarios -con más de 15 pisos- a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar a las familias, incluso aquellas que están ocupando si acreditan estar en riesgo de pobreza. En un primer momento, la jueza decidió paralizar el desahucio en base a la nueva norma, pero finalmente se desdijo y ordenó el lanzamiento con fecha abierta.
La negativa de la jueza a paralizar el desahucio provocó el rechazo del Ayuntamiento de Barcelona y la mayoría de grupos parlamentarios –entre ellos los de Govern, JxCat y ERC, pero no del PSC–, que el decreto debería suponer la paralización del lanzamiento. Pero los jueces catalanes, en una reunión el pasado viernes, acordaron que la norma no sirve para este propósito. Ante un incumplimiento del decreto debe ser la Administración la que multe al propietario, concluyeron.
Expediente sancionador del Ayuntamiento
Y esto último es precisamente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona. Su concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha anunciado que abren un expediente sancionador a Vauras Investments como responsable de seis infracciones graves -una por cada familia- en materia de protección de usuarios de vivienda. Las multas pueden ascender a 90.000 euros, según la legislación vigente. “Vauras debe corresponsabilizarse de la situación de emergencia habitacional que ha contribuido a generar ofreciendo alquileres sociales como marca la ley”, resumía la edil.
El desahucio del Bloc Llavors, según el Sindicato de Barrio, es la demostración de que el decreto de vivienda aprobado en 2019 no se aplica. “Estas familias tienen derecho a un alquiler social y se las está desalojando sin facilitárselo”, recordaba el portavoz del sindicato, Silvio Cavolo. Los servicios sociales del consistorio han ofrecido a los afectados un guardamuebles y una cama en un albergue hasta que encuentren otra solución, una salida lejos de satisfacer sus necesidades.
“Me buscaré la vida por mi cuenta, porque las condiciones de un albergue no son para vivir”, lamentaba Susana, una joven que durante estos dos años no podía pagarse un piso porque estudiaba un ciclo de formación profesional.
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado que modificarán de nuevo el decreto para que no haya margen de duda para los jueces, que a su juicio hacen una lectura “restrictiva” de la norma. “Que no haya excusa para suspender un desahucio”, ha recalcado Budó a preguntas de los periodistas.