Las políticas de vivienda del ayuntamiento de Barcelona, bandera del gobierno de Ada Colau, toman un nuevo impulso para centrase en la construcción de parque inmobiliario público. El plan de vivienda presentado este viernes por la tercera tenienta de alcaldia de derechos sociales, Laia Ortiz, y el concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, prevé la construcción de 8.854 pisos en los próximos 10 años, de los cuales unos 7.000 se destinarán directamente al mercado del alquiler.
El acceso al alquiler es fuente de preocupación en el consistorio ya que los precios no han parado de subir en los últimos años en Barcelona. Por ello la construcción de vivienda destinada a este uso se llevará el porcentaje más importante de recursos del nuevo plan, que se dobla respecto al periodo 2008-2015 hasta alcanzar los 1.666 millones de aportaciones directas del ayuntamiento. Barcelona en Comú calcula que gracias al dinero que inyecte la Generalitat vía Consorcio de vivienda puede alcanzar los 2.000 millones.
De forma paralela, se prevén tomar medidas para movilizar parque inmobiliario privado hacia precios asequibles para los vecinos, por la vía de la compra, y evitar “usos anómalos”, en referencia al desvío de la oferta del mercado del alquiler hacia usos turísticos. Dentro de este paquete de medidas se inscribe el aumento de inspecciones y multas contra pisos turísticos ilegales.
Todo esto destinado a un “cambio de modelo y cultural sobre la vivienda”, según ha explicado Ortiz, que pretende pasar “de priorizar la propiedad al alquiler”. El ayuntamiento asegura que hoy dispone de unos 10.000 pisos por debajo del precio de mercado, una cifra que, a un ritmo de construcción de 1.000 nuevos al año que se completarían con la compra de promociones ya realizadas, quedaría doblada en 2025, fecha frontera del plan del gobierno Bcomú-PSC. Una parte de estas nuevas promociones, han explicado, se hará a través de “promotores sociales y cooperativas”.
El ayuntamiento reclama además la ayuda de otras administraciones, en concreto los gobiernos español y catalán, para hacer frente a la burbuja del alquiler. En primer lugar, vía inversión complementaria. En segundo, modificando el marco regulatorio que queda fuera del ámbito de la competencia municipal. El equipo de Colau reclama “urgentemente” regular los precios del alquiler y cambios en la ley hipotecaria.
De hecho, el ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los actores que más presión ha hecho ante el Govern catalán para intentar que la nueva ley de medidas urgentes sobre vivienda, que viene a sustituir a la ley 24/2015 anulada en buena parte por el constitucional, entre a regular precios del arrendamiento. El Govern, en cambio, considera que la nueva ley solo debe rescatar medidas suspendidas por el Constitucional mientras que deja la reclamación de la regulación del alquiler para una futura norma de arrendamientos urbanos que, si bien está preparando, tardará en llegar.