Primeras multas del Ayuntamiento de Barcelona contra las plataformas de alojamiento turístico. El consistorio ha multado a Airbnb y HomeAway con 60.000 euros cada una. La multa es resultado de dos expedientes sancionadores, cada uno de 30.000 euros: el primero por publicitar pisos turísticos ilegales sin el número de Registro de Turismo de Catalunya (RTC) y el segundo por no responder a los requerimientos de la administración sobre los datos de los alojamientos anunciados sin RTC.
Se trata de los primeros expedientes sancionadores derivados de las medidas anunciadas en verano para hacer frente a las viviendas turísticas ilegales y de las medidas que el Ayuntamiento de Barcelona está desarrollando para reducir el impacto negativo del turismo en la ciudad. La comunicación de las multas llega tres días después de que el vecindario de Barcelona afectado por el turismo denunciara que el proceso participativo que impulsa el Ayuntamiento sobre alojamientos turísticos es “falso” y “decorativo”.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que las multas son el resultado de los requerimientos que envió a 22 plataformas digitales que ofrecen viviendas de uso turístico para que cumplan con las obligaciones establecidas por la ley de turismo de Catalunya. En este sentido, se les reclama que faciliten los datos identificativos de las personas que ponen en alquiler sus viviendas a través de estos servicios y se les recuerda la obligación de hacer constar en todos los anuncios de alojamiento turístico el número de inscripción en el Registro de Turismo de Catalunya (RTC).
El consistorio ha utilizado una herramienta informática para hacer un seguimiento de la oferta de viviendas turísticas existentes que no hacen constar el número de RTC. Del total de plataformas, se inició el proceso de detección por los dos portales con más oferta, HomeAway y Airbnb, y se ha comprobado que siguen publicitando muchas viviendas sin hacer constar el número de RTC. En consecuencia, el Ayuntamiento ha sancionado a las dos plataformas.
Esta herramienta informática ha permitido al Ayuntamiento descubrir, en un primer rastreo, que sólo entre las dos plataformas multadas hay casi 6.000 pisos que no estaban registrados.-3.929 en el caso de HomeAway y 1.891 en el caso de Airbnb, según las cifras municipales. El conjunto de apartamentos turísticos legales no llega a los 10.000.
La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha explicado que el objetivo no es poner multas a las plataformas, sino “hacer emerger una actividad ilegal que causa muchas molestias”. Aunque las cuantías de las multas son reducidas si se compara con el negocio que realiza Airbnb en la ciudad -en algunos meses del año Barcelona es el cuarto destino más popular del portal, Sanz ha querido dejar claro que al Ayuntamiento no le temblará el pulsa a la hora de aplicar la ley. “Si hay quien no quiere jugar con estas reglas se encontrará con el régimen sancionador”, ha afirmado Sanz.
Sobre la decepción de los barrios al proceso participativo que impulsa el consistorio, Sanz ha dicho que “entiende” las críticas, y ha reconocido que le gustaría que el Consejo Municipal de Turismo ya estuviera funcionando a pleno rendimiento pero que los trámites para su puesta en marcha se están “dilatando”.
Distintivos de pisos turísticos legales en la Barceloneta
En paralelo a las multas, el Ayuntamiento ha presentado otra medida para “recuperar la iniciativa pública” en materia turística. Se trata de la colocación de placas identificadoras de los pisos turísticos en la Barceloneta, uno de los barrios con mayor contestación vecinal al turismo. La concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin,ha explicado que este lunes se han colocado las primeras 33 placas del total de 72 pisos con uso turístico legales del barrio.
Al ser un distintivo que se coloca en una propiedad privada, los propietarios de los pisos tienen que permitir al Ayuntamiento su colocación. En este sentido, Pin ha concretado que 20 pisos propiedad de cuatro tenedores de alojamientos turísticos han rechazado colaborar con la iniciativa municipal. Por otro lado, Pin ha avanzado que el consistorio quiere iniciar una colaboración Agencia Tributaria de cara a poder informar al fisco de los pisos turísticos ilegales para que se crucen datos y se rastree si ha habido lucro con los alojamientos sin declarar.