La transición hacia la “soberanía energética” —como el Ayuntamiento ha llamado la lucha particular contra la pobreza energética— pasará por el fomento del autoconsumo de energía, con el incremento de los acuerdos público-privadas, y la creación de una comercializadora pública que gestione las energías renovables de los hogares y sus excedentes. “El gobierno de la ciudad quiere doblar la energía renovable de aquí el 2019 y reducir un 10% per cápita el consumo energético municipal”, ha destacado este jueves la teniente de alcaldía de Ecologismo, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, que ha presentado la Medida de Gobierno que será llevada al próximo Pleno del Consejo Municipal.
“Pretendemos dar soluciones, y una de las principales barreras es como manejar esta energía que se produce”, ha dicho Janet Sanz, que ha anunciado la creación de una comercializadora pública, que está previsto que se ponga en marcha en otoño de 2018 y que gestione “de forma integrada” la energía renovable en la ciudad.
La comercializadora permitirá acogerse a las personas que generen energía renovable y será compatible con la plataforma SomEnergia. “Los vecinos que están en SomEnergia podrán pasar a la comercializadora municipal”, ha matizado el concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia.
El Ayuntamiento fomentará pues las colaboraciones entre la administración y los particulares con el objetivo de “democratizar” la producción de energía. El consistorio contempla la creación a partir de septiembre de Puntos de Atención Energética para la ciudadanía para garantizar “asesoramiento y acompañamiento” para llevar a cabo acciones de ahorro, eficiencia o instalación.
“A partir de ahora nos podemos encontrar que el Ayuntamiento alquile azoteas para instalar paneles solares, o al revés. O contemplamos que una azotea sea sufragada a partir de crowdfunding y que participamos todos: administración y ciudadanía”, ha agregado Eloi Badia.
El Ayuntamiento de Barcelona recoge así parte de la presión de la calle para acabar contra la pobreza energética e implementa un plan que cuenta con 130 millones de euros para incrementar un 10% las energías renovables en la ciudad y dotar a 20.000 hogares de energía limpia. El consistorio también prevé cambiar el alumbrado, sustituyendo el actual por lámparas led: 25.000 nuevos puntos led serán aplicados (el 30% del total).
Janet Sanz ha reconocido en la comparecencia los “límites” de los Ayuntamientos en cuanto a suministros pero ha recordado la “apuesta” del consistorio por las energías renovables, a pesar de las dificultades que pone el gobierno español: “España es una excepción de lo que es la política energética a nivel europeo. es el único que está dejando atrás la apuesta por las energías renovables, y además garantizando los intereses y beneficios de las grandes empresas”, ha recordado la concejala, que ha querido emparentar Barcelona con ciudades como Copenhague o Berlín, donde la apuesta por la energía renovable en los próximos diez años es “firme”.
El consistorio ha insistido en que el gobierno municipal busca con esta Medida de Gobierno “fomentar una producción de kilómetro cero” y potenciar el sector renovable y local para luchar contra los problemas que genera la pobreza energética: contaminación, cambio climático, y problemas de salud.
Ahorro, eficiencia y soberanía
Sanz ha destacado que los cuatro objetivos básicos que persigue el Ayuntamiento son reducir un 10% el consumo de energía per cápita; un 18% los gases de efecto invernadero; y doblar las energías renovables locales y garantizar los suministros básicos. “Tenemos que consumir menos energía porque mucha de ésta no la utilizamos. Vemos una gran oportunidad en el sector residencial pero necesitamos una política de rehabilitación y aplicar los criterios presentados también en las nuevas edificaciones”, ha añadido Eva Herrero, comisionada de Ecología en el Ayuntamiento.
Para alcanzar esta meta, el Ayuntamiento elaborará un diagnóstico y una planificación centrada en la transición energética. Con este objetivo se creará un Observatorio de la Energía de Barcelona para “detectar oportunidades de acción”. El Observatorio pretende monitorizar 50 edificios por año.