Barcelona premiará los criterios sociales y ambientales en la contratación pública
El Ayuntamiento de Barcelona ya le paró los pies a la contratación con empresas con actividades ilegales en paraísos fiscales. Ahora, además, premiará los criterios sociales y ambientales en la contratación pública. El consistorio barcelonés ha elaborado las primeras Guías de contratación pública social y ambiental con el objetivo de que la competitividad económica no sea el único requisito a la hora de contratar. Barcelona contrata cada año 590 millones de euros en servicios y bienes para la ciudad.
Según ha explicado el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, en comparecencia este lunes, las empresas y profesionales que contrate el Ayuntamiento de Barcelona deberán “potenciar la pequeña y mediana empresa (PYME), los autónomos y el mundo cooperativo”. El Ayuntamiento dividirá los contratos en lotes para “favorecer” las PYMES de cara a la contratación pública.
Además, también se deberá favorecer la igualdad de género, la conciliación o la diversidad funcional. “La contratación pública debe ser una herramienta de cambio”, ha destacado Pisarello. Para tal fin se contempla el incremento de 1,5 millones euros para la partida de 2016 destinada a la contratación con centros de inserción laboral para personas con diversidad funcional, congelada desde 2012.
“No tenemos herramientas para legislar en materia laboral, pero sí otras para intervenir en la contratación”, ha dicho Pisarello, que ha explicado que el Ayuntamiento prevé favorecer también la contratación de aquellas empresas que paguen a sus trabajadores por encima del convenio del sector, además de la creación de una etiqueta municipal como reconocimiento público para las empresas que demuestren que cumplen los requisitos de un modelo de negocio con responsabilidad social. Se creará, además, un registro municipal para este tipo de empresas.
Gerardo Pisarello ha explicado que el objetivo de la medida, que se suma a la prohibición de que ningún contratista del Ayuntamiento tenga relación económica con países considerados paraísos fiscales y la limitación de la contratación directa sin publicidad, es “garantizar la máxima transparencia y la máxima concurrencia para toda su actividad administrativa”.
El Ayuntamiento de Barcelona debatirá ahora los criterios de actuación de estas Guías con sectores empresariales, asociaciones y otras entidades ciudadanas, de forma que el proceso de diálogo culmine en la aprobación de un nuevo decreto municipal de Contratación social y medioambiental antes del verana que sirva para sustituir el decreto de la Alcaldía actual, vigente desde noviembre de 2013.
Críticas de ERC a las 'Guías'
El líder de ERC Barcelona, Alfred Bosch, ha lamentado que las Guías de contratación pública social y ambiental no recojan “medidas relevantes” en cuestiones relacionadas con la materia de las propias guías y aprobadas antes por el Pleno municipal.
Bosch ha puesto de ejemplo que las Guías no incorporan que el Ayuntamiento de Barcelona apueste por un Salario Mínimo de 1.000 euros en la Administración y sus adjudicaciones o que se presenten informes trimestrales sobre las contrataciones que hace el consistorio.
