Casi la mitad de las personas atendidas por pobreza energética por el Ayuntamiento de Barcelona este año –unas 10.000– no podrán acogerse a los descuentos, ni tampoco al principio de precaución, con el nuevo bono social del Estado. Así lo ha denunciado el propio consistorio en base a un estudio que arroja que, la medida aprobada este octubre por el Gobierno, olvida a un 43% de la población afectada.
El informe encargado por el Ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau destaca además que la ley contra la pobreza energética (24/2015) seguiría plenamente vigente en Catalunya a pesar de la aprobación del Real Decreto que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección de los consumidores domésticos de electricidad. Bajo esta premisa, la ley catalana sería de obligado cumplimiento pese al bono acordado por Mariano Rajoy, que no entrará en funcionamiento a pleno rendimiento hasta abril del año que viene.
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado que el Real Decreto es “claramente insuficiente para la realidad de la pobreza energética” y que éste se ha hecho “con deslealtad institucional”, cargando a las administraciones municipales con un 50% del gasto del suministro a hogares vulnerables. Ortiz ha insistido en que la medida no invalida la voluntad de seguir desplegando la ley 24/2015 y el principio de precaución, según el cual no se corta la luz a nadie cuando hay imposibilidad de asumir la factura por motivos económicos.
El Ayuntamiento de Barcelona ya presentó alegaciones al Real Decreto el pasado mes de mayo, conjuntamente con otras siete ciudades españolas (Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela). Dichas alegaciones sólo fueron tenidas en cuenta “en aspectos menores de la regulación”, según ha lamentado el consistorio barcelonés.
Convivencia o impugnación
A su vez, después de estudiar el contenido del informe jurídico encargado a los servicios municipales sobre la compatibilidad del Real Decreto con la ley catalana, el consistorio ha reiterado su voluntad de llegar a firmar convenios con las compañías suministradoras para hacer compatible –ha explicado Laia Ortiz– “la coexistencia de las dos normativas”, y con el objetivo último de “seguir preservando la protección de las familias vulnerables y garantizar todos los servicios básicos”. El Ayuntamiento ha explicado que gracias a la ley catalana se han atendido a cerca de 10.000 hogares en la ciudad desde inicios de este año y se han evitado unos 4.000 cortes de suministro.
De no llegar a entendimiento, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que los mismos servicios jurídicos encargados del informe ya trabajan en la elaboración de un requerimiento al Estado sobre la aplicación de la normativa, el primer paso para una eventual impugnación del Real Decreto. El consistorio ha criticado que la normativa de Rajoy provoca “indefensión”.
En la misma línea, la Mesa del Tercer Sector Social y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ya pidieron la semana pasada por carta a las empresas suministradoras la firma de los convenios de pobreza energética. Por su parte, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) anunció la apertura de una actuación de oficio para determinar si el Real Decreto del Estado supone una vulneración de los derechos de las personas.