“Invertido”, “bujarra”, “invertido sexual” o “condenado por su condición de sujeto homosexual”. Son solo cuatro expresiones de los expedientes “de peligrosidad” por los que gays, lesbianas y transexuales de Barcelona fueron condenados por su orientación sexual durante el tardofranquismo. Pese al paso de los años, el Ayuntamiento de Barcelona se ha querellado por delitos de lesa humanidad contra los seis jueces franquistas que ejercieron en la capital catalana encargados de estos procedimientos.
En una rueda de prensa junto a colectivos LGTBI, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes la querella contra los seis magistrados. La iniciativa penal busca depurar responsabilidades a los funcionarios del régimen franquista que condenaron a un mínimo de 550 personas sólo en Barcelona, según los cálculos municipales, por su orientación sexual. “La ciudad está en deuda con el colectivo LGTBI porque no podremos acabar con la homofobia del presente sin combatir la impunidad del pasado”, ha afirmado el teniente de alcaldía Jaume Asens.
La abogada Laura Parés, que representa al consistorio en el procedimiento, ha reconocido que la querella se enfrenta a un recorrido con muchas complejidades. Para empezar, se tendrá que determinar si los seis jueces franquistas querellados todavía están vivos o si murieron. “La represión franquista por motivos políticos ha sido muy tratada, pero no la de por motivos sexuales. El colectivo LGTBI es el gran olvidado”, ha sostenido Parés.
El segundo obstáculo a salvar será la ley de amnistía aprobada ya en democracia y que atenuó o indultó a los condenados por delitos políticos. En este caso, el consistorio sostiene que la ley de amnistía no es aplicable porque las condenas se produjeron por la orientación sexual de los acusados, no su ideología. “Es un delito de lesa humanidad, la persecución sistemática a un colectivo por su orientación sexual, que es en lo que se centra únicamente la motivación de las sentencias”, ha aseverado Parés.
La prueba, en este caso, está en las propias sentencias, plagadas de expresiones homófobas. La mayoría de sentencias que se han llevado ante la Justicia fueron dictados a partir del año 1970, aunque también hay de mediados de los 50. Los jueces que las dictaron formaban parte de órganos judiciales unipersonales, los llamados juzgados especiales para la aplicación de la ley de vagos y maleantes, reconvertidos a partir de 1970 en los juzgados de peligrosidad y rehabilitación social.
La querella inicialmente se ha interpuesto contra los seis togados, pero si se admite a trámite y se abre una investigación a fondo, como pretende el consistorio, no se descarta incluir a forenses, psiquiatras y otros funcionarios que participaron en la ejecución de las sentencias. Al ser considerados un peligro social, además de la prisión en muchas ocasiones los condenados eran sometidos a tratamientos psiquiátricos brutales.
Uno de los testimonios que ha comparecido en rueda de prensa ha dado cuenta del calvario que vivió el colectivo esos años. Sílvia Reyes ha explicado que, nada más llegar a Barcelona procedente de Canarias en 1972, se vio abocada a la prostitución porque nadie la quería contratar por ser transexual. “En los burdeles la Policía hacia batidas, nos detenían a todas, nos llevaban a comisaría y después a la Jefatura Superior durante tres días, de viernes a lunes, durmiendo en el suelo sin y comer. Los policías y los jueces que nos condenaron han quedado impunes”, ha recordado Reyes.
La querella se ha registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que debe decidir se se admite a trámite. Es en el alto tribunal donde se instruyen las causas relacionadas con las decisiones tomadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Asens ha hecho un llamamiento a que todas las personas represaliadas por su orientación sexual en Barcelona durante el franquismo se sumen a la iniciativa del consistorio y se personen en la causa como acusación particular.