El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que los concejales que expresan su objeción a casar a parejas del mismo sexo no puedan celebrar ningún tipo de boda. La decisión, anunciada este jueves por la concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, y comunicada el lunes de la semana pasada a los concejales por la alcaldesa Ada Colau, responde a una situación producida en el año 2014. El entonces concejal del PP Óscar Ramírez se negó a casar a una pareja de mujeres. El caso llegó al Síndic de Greuges que lo consideró una violación de sus derechos.
El Consejo LGTBI de la ciudad llegó a la misma conclusión que el Síndic: que “la objeción de conciencia ante la celebración de un matrimonio de personas del mismo sexo constituye una vulneración de los derechos de los colectivos LGTBI”. Por eso la alcaldesa, que es quien delega la potestad de oficiar ceremonias de matrimonio, la retirará a aquellos concejales que manifiesten objeción a casar a parejas del mismo sexo para garantizar los derechos de este colectivo.
Este jueves se ha reunido el Consejo LGTBI para constituir un grupo de trabajo de la aplicación de la ley contra la LGTBIfòbia aprobada la pasada legislatura en el Parlament. “Hay que acompañar a las entidades que han trabajado para que se aprobara esta ley”, ha remarcado Laura Pérez, que ha explicado que actualmente están analizando desde el ayuntamiento el trabajo realizado en este sentido por el gobierno Trias y haciendo formación específica a los trabajadores municipales.
Impulso al Centro municipal de recursos LGTBI
El Ayuntamiento ha decidido destinar un local de 1.314 metros cuadrados para ubicar el Centro Municipal de Recursos LGTBI en respuesta a las medidas recogidas en el Plan Municipal LGTB 2010-2015. El proyecto se ha trabajado con el Casal Lambda, el Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), la Asociación de Padres y Madres de Gays, Lesbianas y Transexuales (AMPGIL), la Asociación de Familias Lesbianas y Gays, y Gays Positius, y ahora se abre a un proceso participativo.