El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a enviar un mensaje de contundencia contra los vendedores ambulantes. “Este ayuntamiento no permitirá la utilización del espacio público para la venta ambulante no autorizada, aún menos cuando se hace de forma abusiva e invasiva”, ha declarado este jueves el primer teniente de alcaldía Gerardo Pisarello. El consistorio responde así a la presión de diversas entidades de comerciantes de la ciudad, que el miércoles hicieron público un manifiesto en el que reclamaban medidas más duras.
“La falta de voluntad explícita y el buenismo ingenuo del consistorio para solucionar el problema, ha provocado un efecto llamada que ha generado concentraciones de más de 500 vendedores ilegales, ocupando, irrumpiendo y dificultando el paso de los peatones en el espacio público”, aseguraba el manifiesto de los comerciantes. El Ayuntamiento responde ahora con una anuncio de intensificar las medidas que ya puso sobre la mesa el pasado mes de marzo, como multar a los compradores del top manta, hacer intervenir a la policía para garantizar que no se ocupe el espacio público, e investigar las fuentes de mercancías falsificadas.
Más allá de estas medidas, Pisarello ha anunciado también la voluntad de reforzar las medidas sociales que trata de impulsar el gobierno municipal desde hace un año. Se ofrecerán 40 planes de empleo en actividades de dinamización y apoyo en espacios comunitarios del barrio del Besòs, de mantenimiento y rehabilitación de pistas deportivas de centros escolares y de mantenimiento y limpieza de equipamientos públicos. Estos se suman a los 11 primeros ofrecidos por el Ayuntamiento, con una duración de 12 meses que permitiría a las personas en situación irregular obtener un permiso de residencia. Desde los colectivos que apoyan a los vendedores, estas medidas se consideran insuficientes.
Aumento de la venta ambulante
El Ayuntamiento calcula que la cifra de vendedores ambulantes en la ciudad actualmente oscila entre 500 y 800 personas. Las medidas sociales que presenta el ayuntamiento son válidas para las personas que, con situación irregular en el país o no, estén empadronadas en la ciudad de Barcelona desde julio de 2015.
Si bien el año pasado, ante la polémica y las acusaciones de pasividad, respondía que la realidad de la venta ambulante era muy similar a la de años anteriores, este año reconocen que se ha incrementado el número de manteros. Para Pisarello, este incremento que, apunta, no se produce sólo en Barcelona sino en toda la costa catalana, está vinculado a un aumento del turismo, causado por la situación geopolítica que reduce la afluencia turística al otro lado del Mediterráneo. Barcelona impulsará una red con una cuarentena de municipios de la costa catalana para abordar esta cuestión de forma conjunta.
Los grupos de la oposición, sin embargo, atribuyen la responsabilidad al equipo de gobierno. Desde CiU, el concejal Raimond Blasi ha asegurado que “ha sido un año perdido en la lucha contra el top manta”. Carina Mejías, de Ciudadanos, considera que la intervención policial anunciada por Pisarello llega tarde y que “es incoherente multar compradores y no vendedores que practican una actividad ilegal”. Por otra parte, ERC y la CUP han hecho hincapié también en la falta de medidas sociales efectivas. El republicano Jordi Coronas, que presidió la Mesa de Ciudad para abordar la materia, ha criticado que no se hayan aplicado las medidas acordadas en ese espacio, aunque también ha acusado al gobierno de Colau de “buenismo y pasividad”. La concejal de la CUP María José Lecha, en cambio, asegura que el incremento se podría haber evitado de aplicarse las propuestas del Sindicato Popular Manteros.
Un año de conflicto
El conflicto del Ayuntamiento de Barcelona con la venta ambulante se arrastra desde el inicio del mandato de Ada Colau. Durante las primeras semanas de su gobierno la derecha mediática ya puso el foco sobre la venta ambulante. Con el añadido de la presión de la oposición y entidades empresariales de la ciudad, la respuesta del consistorio provocó el rechazo de los movimientos sociales que apoyan a los manteros.
La fórmula que encontró el consistorio de evitar la presencia de los vendedores sin entrar en la persecución directa –con agresiones denunciadas en varias ocasiones por el Sindicato de Manteros– fue lo que llaman la “saturación del espacio”. Así, la zona del puerto donde hace unos meses había más concentración de vendedores ha pasado a ser ocupada constantemente por Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Portuaria desde primera hora de la mañana para evitar que se llegaran a poner en el espacio. El comisionado de seguridad del Ayuntamiento, Amadeu Recasens, ha asegurado que “se obtiene el mismo efecto con menos agresividad si se satura que si se desaloja”. Con la llegada del verano, los vendedores se concentran especialmente en la zona del paseo Joan de Borbó en la Barceloneta, pero el comisionado ha dicho que no pueden “saturar” las dos zonas a la vez.
Recasens ha explicado que de enero a abril de este año el Ayuntamiento ha puesto más 16.700 denuncias por venta irregular, un 23% más que el mismo período del año anterior. Se han hecho 105 detenciones e imputaciones por delitos contra la propiedad y se han decomisado 169 mil productos. Actualmente, un mantero se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio por haber golpeado a un policía con una rama durante una actuación policial en la que denuncia que sufrió agresiones. La juez se basó en su condición de extranjero y en “falta de arraigo” la prisión preventiva, una medida que el abogado del vendedor considera desproporcionada.