Delito leve de lesiones y delito contra la moral por parte de un funcionario público, con agravante por motivaciones racistas, abuso de superioridad y prevalencia de ser funcionario. Estos son los delitos que han denunciado desde Tanquem els CIE e Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, después de los hechos ocurridos la semana pasada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y que el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona ha admitido a trámite.
Según estas dos entidades, el jueves 27 de julio, un policía nacional agredió a un interno del CIE, O.B.A, de 19 años. Explican que el joven se encontraba en el patio del centro de internamiento en huelga de hambre junto a otras 51 personas, cuando el policía lo llamó con la mano y lo apartó del grupo y, después de gritarle en castellano, le pegó una bofetada “muy fuerte con la mano abierta” en la cara. El interno, de origen argelino, asegura que no habla ni entiende castellano y que el policía le ordenó a otro interno que le hiciera de traductor. Fue entonces cuando el policía le gritó: “de mí no se ríe nadie. Acabo de volver de vacaciones y de aquí pa’lante tengan en cuenta que les voy a cortar el rollo. ¡¿Te ha quedado claro?! ¡Que te reviento!”, según la declaración del interno. Después de estos hechos, O.B.A. presentó una queja al centro.
Al tener conocimiento de los hechos, las entidades Tanquem els CIE e Irídia presentaron el domingo una denuncia al juzgado de guardia que fue admitida a trámite el mismo día e incoó diligencias urgentes de investigación tales como la declaración del interno agredido el mismo día, un hecho que desde las entidades valoran como “necesario y absolutamente excepcional”. “Es un testimonio clave, entendemos y valoramos positivamente que la jueza haya considerado la gravedad de los hechos” opina Marta Bolinches, abogada de Tanquem els CIE y de Irídia.
En declaraciones a este medio, la abogada ha explicado que ambas entidades estaban preocupadas por la posible deportación de O.B.A antes de que pudiese declarar. Las preocupaciones son fundadas, ya que de las 52 personas que estaban en huelga de hambres el jueves como muestra de rechazo a las agresiones que dicen sufrir por parte de la policía, 28 fueron deportadas a Argelia el viernes, según miembros de Tanquem els CIE. “Las personas en el CIE viven en una situación de excepcionalidad jurídica en la que, aun y haber sido agredidas y habiendo denunciado, podrían ser deportadas en cualquier momento sin previo aviso”, denuncia la abogada.
Desde que está el nuevo director en el CIE de Barcelona –hace cuatro meses–, ha habido dos huelgas de hambre y una denuncia penal. “Esto demuestra que, lejos de ir a mejor, retrocedemos en los derechos de las personas internas en el CIE”, opina Bolinches, que recuerda que “lo único que piden” los internos es que la Policía Nacional les trate “con respeto y dignidad, sin violencia verbal ni física”. El cuarto teniente de alcaldía, Jaume Asens, ha valorado los hechos ocurridos la semana pasada en el CIE como “una prueba más que hay que cerrar este agujero negro que es el CIE” y asegura que pedirán a la Delegación del Gobierno “que dé explicaciones y tome medidas para que no sucedan estos hechos”.
A principios de este mes de julio 61 internos se declararon en huelga de hambre para pedir su libertad y también por la preocupación de un vuelo de deportación destino a Guinea Conakry, que finalmente deportó a 12 personas la semana pasada. En esa ocasión, explican desde Tanquem els CIE, los internos dejaron la huelga “por presiones por parte del director, además de por la Cruz Roja”.