El Ayuntamiento de Barcelona quiere que un total de 500.000 de los desplazamientos que se hacen a diario en coche y moto pasen al transporte público. El gobierno municipal de Ada Colau ha presentado este martes las líneas generales de su Plan de Movilidad Urbana (PMU) para los próximos cuatro años, que incluye desde un aumento de las pacificaciones de calles hasta la ampliación de carriles de bus o de bici, pasando por la regulación de casi todas las plazas de aparcamiento de la ciudad. El objetivo principal es reducir el uso del transporte privado: de un 26% de los trayectos actuales a un 18,5%.
La intención del consistorio es alterar el llamado reparto modal del transporte, es decir, el porcentaje de viajeros que usa cada medio. Asumiendo que en 2014 habrá 400.000 viajes diarios más de los que hay en la actualidad –según estimaciones de los técnicos–, desde el Ayuntamiento aspiran a que sus medidas conlleven una reducción de 7,5 puntos del uso de transporte privado, un aumento del transporte público del 37,3% al 41,2%, y un significativo incremento de la bicicleta del 2,3 al 5%. Más del doble.
Esta ansiada nueva distribución de la movilidad podría suponer una reducción de la contaminación y del predominio del coche sobre el espacio público, pero el horizonte está lejos. Primero, se tiene que consensuar la propuesta del consistorio en la mesa del Pacto por la Movilidad, donde están representadas decenas de entidades y empresas afectadas, y luego hay que aplicar todas y cada una de las medidas prometidas. Todo ello en un escenario de pandemia en el que muchos barceloneses cambiarán sus hábitos de transporte, de momento con consecuencias muy negativas para el metro y el autobús.
Todo ello en un imprevisible escenario de pandemia en el que muchos barceloneses están cambiando sus hábitos de transporte, de entrada con consecuencias muy negativas para el metro y el autobús. Y teniendo en cuenta que muchas medidas decisivas van más allá de las fronteras administrativas de Barcelona, como son la mejora de la red ferroviaria de Rodalies, la finalización de la línea L9 de metro o las restricciones metropolitanas de los vehículos contaminantes. La Zona de Bajas Emisiones, que estrena sanciones este septiembre, se da por insuficiente y ya se estudia la posibilidad de implantar un peaje de acceso a la ciudad.
El documento que el consistorio trasladará al Pacto de Movilidad aborda por encima algunas de las medidas que se deberán concretar. Entre ellas, el Ayuntamiento propone aumentar en 70 kilómetros los carriles para autobús, 32 las peatonalizaciones y unos 90 los carriles bici (lo que supondría un aumento en este último caso del 40%). Esto se complementa con el plan ya en desarrollo de reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad de la mayoría de vías de la ciudad (ahora es así en el 68% de las calles).
La alcaldesa Ada Colau defiende desde hace años que su modelo es el de una Barcelona más “amable”, en la que proliferen los espacios peatonales o con velocidades reducidas para el tráfico, como ocurre con las supermanzanas. A su juicio, esto va en sintonía con la declaración de emergencia climática aprobada en enero y que, también de cara a 2024, prevé actuaciones como la creación de 40 hectáreas de zona verde en la ciudad.
Entre las acciones que se antojan más conflictivas están la regulación de casi todos los aparcamientos sobre el asfalto y la desocupación de las aceras, dos ámbitos del espacio público siempre disputados. La intención del consistorio es que en 2024 el 90% de las plazas de parking en superficie sean reguladas –es decir, zona verde o azul–. También prevén ir eliminando progresivamente las de coches –sin ponerse una cifra– para dar su espacio a microparadas de taxi y a puntos de carga y descarga –los grandes damnificados de las peatonalizaciones–. O bien para ganar plazas para motos o para mesas de terraza, con el objetivo en ambos casos de sacarlas de las aceras y ampliar así el ancho para el peatón.
El compromiso del consistorio es que que casi todas las nuevas terrazas se coloquen en la calzada, no en la acera, pero de momento no se plantean hacer lo mismo con las ya existentes. Una actuación sorprendente que ha anunciado el consistorio para las aceras consistirá también en eliminar los palos de electricidad y de telefonía que todavía suponen obstáculos sobre todo para los vecinos de los barrios de montaña. Desde el consistorio han abierto ya conversaciones con las compañías para revisarlo.
Mientras tanto, planea también sobre el futuro de ciudad la tasa que el consistorio quiere aplicar a los gigantes de la distribución de mercancías, como Amazon,, y que está de momento en estudio debido a su complicado encaje en la normativa municipal.