Los jueces catalanes consideran que los decretos de vivienda aprobados por el Govern en los últimos años no sirven para paralizar procesos de desahucio en marcha. Las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona consideran que si bien esta legislación obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a los afectados antes de desahuciarlos, esto no implica que los juzgados deban rechazar las demandas cuando esto no se cumple.
Los magistrados que presiden las Secciones Civiles se reunieron el pasado viernes para consensuar una posición después de que una magistrada abriera la puerta a parar el desahucio de un bloque ocupado por varias familias, en el barrio del Poble-sec de Barcelona, al establecer el decreto 17/2019 que los grandes propietarios -en este caso, Vauras Investments- también deben ofrecer alquiler social a los okupas que lleven al menos seis meses y acrediten estar en riesgo de pobreza. Al final, la jueza se desdijo y ordenó un desahucio que ahora es inminente.
Esta decisión provocó el rechazo del Ayuntamiento del Parlament y la mayoría de grupos parlamentarios -entre ellos los de Govern, JxCat y ERC- que defienden que el decreto sí debería suponer la paralización del lanzamiento.
Pero el criterio de la Audiencia Provincial, hecho público este viernes, es claro. “El ofrecimiento de alquiler social”, previsto en la ley 14/2015, “no puede ser considerado un requisito de procedibilidad o de admisibilidad de la demanda judicial de ejecución hipotecaria”. Vienen a decir los jueces que si un propietario incumple estos decretos al interponer una demanda para desahuciar a una familia sin darle alternativa habitacional, lo que hay que hacer no es parar el proceso. En todo caso, argumentan, lo que prevén estos textos es que se les sancione, por lo que pasan la pelota a la Administración.
Choque con Colau por los servicios sociales
La polémica decisión de los magistrados catalanes llega la misma semana en la justicia ha protagonizado un sonoro choque con el Ayuntamiento de Barcelona que encabeza Ada Colau de nuevo a cuenta de los desahucios. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió al consistorio una carta en la que le exigía que diera instrucciones a los servicios sociales municipales para que “se abstengan de actuaciones que impidan la ejecución de resoluciones judiciales”. Se referían sobre todo a la mediación en estos casos que realiza el Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Ocupación (SIPHO).
Colau respondió también por carta que este servicio seguirá trabajando de la misma forma. “Es un despropósito y un sin sentido que se cuestione un servicio de este tipo y que no se diga nada de las prácticas ilegítimas que vulneran la legislación y atentan contra los derechos humanos y dejan indefensas las familias ante los desahucios”, lamentó la concejal de Vivienda del consistorio, Lucía Martín.
El SIPHO está integrado por 18 profesionales que se dedican únicamente a la prevención y mediación en procesos de desahucio por impagos de hipoteca o alquiler. Desde que se creó la unidad en 2015, nada más llegar Colau a la alcaldía, han atendido a 6.400 personas afectadas por lanzamientos.