Colau cree que Agbar sobrevaloró en 340 millones sus activos en la empresa mixta del agua
La controversia en la gestión del agua en Barcelona ha vivido este miércoles un nuevo capítulo. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa Ada Colau, ha presentado un estudio realizado por la agencia pública Barcelona Regional en el que cuestiona el reparto de activos de la empresa mixta creada junto a Agbar en 2012 y cuyo procedimiento de contratación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016.
El AMB cree que Agbar sobrevaloró en 346 millones de euros sus activos en la empresa mixta, creada bajo el mandato de Xavier Trias y que lleva el agua hasta los hogares de 23 municipios de la conurbación de la capital catalana. Así, tras un año de estudio de las concesiones, los terrenos, los depósitos y las cañerías que forman parte de la empresa, el AMB concluye que el valor de los activos aportados por Agbar es de 130 millones de euros y no los 476 que contabilizó la compañía como aportación inicial.
Esta diferencia resulta de restar a los 476 millones iniciales 116 millones correspondientes a activos que no forman parte de la red de suministro de agua hasta los domicilios sino de la red 'en alta', que canaliza el agua desde los ríos hasta los depósitos municipales. Además, según los cálculos del AMB, otros 230 millones de euros en activos de Agbar ya estaban amortizados en el momento de constitución de la mixta, por lo que ya no formaban parte del patrimonio de la filial del grupo Suez sino de la administración pública.
“Se produjo una sobrevaloración por parte de Agbar. Sólo un 27% de los activos aportados eran reales”, ha afirmado el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, Eloi Badia (BComú), que ha explicado que el ente metropolitano prepara otro estudio para valorar también si los 50,5 millones aportados en activos por la administración pública a la mixta son la cifra correcta o, como sospechan, está infravalorada.
El estudio presentado este miércoles se ha llevado a cabo a raíz de la sentencia del TSJC que tumbó la constitución de la empresa mixta entre Agbar y la AMB, que el Supremo todavía debe decidir si confirma. Los de Colau creen que el fallo judicial abre la puerta a la municipalización del agua, algo que prometieron en su programa electoral.
La sentencia del TSJC consideró que la valoración de activos de la empresa mixta estaba mal hecha porque se incluyeron elementos patrimoniales de Agbar, como por ejemplo una instalación de Sant Joan Despí, que no correspondían a la red de suministro sino a la red 'en alta'.
“Si se valora un elemento patrimonial que no se tiene, el resultado de la valoración no es fiable”, concluyeron los magistrados. Con todo, el fallo contó con el voto particular del presidente del tribunal, que consideró ajustada a derecho la licitación de la empresa mixta, a día de hoy formada por Agbar (70%) Criteria -la Caixa- (15%) y la propia AMB (15%).
El AMB ha recogido el guante de esta sentencia para volver a valorar los activos correspondientes a la parte pública y a la privada que constituyeron la mixta. Sin embargo, Badia ha insistido que los 130 millones no son la cifra que manejan en el AMB que correspondería abonar a Agbar en caso de que el Supremo confirmara la sentencia del TSJC.
Sea cual sea el resultado judicial del litigio, la revalorización de activos impulsada por el AMB podría servir a la administración para reclamar un cambio en el accionariado de la mixta, aunque para cualquier movimiento se esperará a la sentencia del Alto Tribunal. Ahora el AMB ha abierto un plazo de alegaciones para que Agbar y los 23 municipios que abastece la mixta hagan las enmiendas oportunas.
