Ada Colau retrasa la aprobación definitiva del plan de hoteles ante el alud de alegaciones
Por restrictivo o por flexible, pero el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) no ha gustado a Barcelona. Los vecinos más afectados por la saturación turística, los empresarios y los grupos municipales, cada uno defendiendo sus intereses, han presentado un alud de alegaciones a la medida estrella del primer año de gobierno de Ada Colau. La intención del gobierno municipal era aprobar definitivamente el PEUAT este julio, pero las alegaciones y la falta de consensos políticos –el PSC, ahora en el gobierno municipal, quiere un plan menos restrictivo– han obligado a Colau a dejarlo para después del verano.
El PEUAT se aprobó inicialmente en marzo en comisión de gobierno y está a la espera de su luz verde definitiva. Tras tres meses en exposición pública, el plazo para presentar alegaciones terminó este martes y de momento el consistorio ha recibido 130 alegaciones al PEUAT, según un recuento provisional, pero se espera que acaben siendo más. La moratoria hotelera decretada en julio de 2015, el paso previo a la elaboración del plan, ha sido prorrogada otro año hasta julio de 2017.
En su versión inicial, el PEUAT prohíbe abrir más pisos turísticos en toda la ciudad y centrifuga los nuevos hoteles en los barrios periféricos. Las 11.625 nuevas plazas turísticos que el PEUAT inicial quiere permitir, lo que supone un incremento máximo del 8% respecto la oferta actual, se concentran en barrios como Horta, Sant Andreu o Sarrià, que a día de hoy cuentan con sólo una de cada diez camas.
La Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible ha presentado más de veinte alegaciones ante lo que consideran una normativa demasiado blanda. Para los vecinos afectados por el turismo el “decrecimiento natural” que propone el PEUAT inicial para los barrios del Eixample o Ciutat Vella es insuficiente e irreal. Argumentan que no cerrará de forma “natural” ningún hotel en los barrios más turísticos (y más lucrativos para el sector) a no ser que el Ayuntamiento aumente las inspecciones y las sanciones.
Desde el lado empresarial la valoración es opuesta, y ven el plan tan restrictivo que alertan que puede provocar una burbuja hotelera y frenar nuevas inversiones. ¿Cómo conciliar desde el gobierno municipal intereses tan dispares? “Hace falta buscar una norma que entienda que la actividad turística es positiva pero que se tiene que compaginar con el interés general”, ha valorado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz (BComú).
En el plano político, el PSC, que ahora comparte gobierno municipal con BComú, ha sido uno de los grupos municipales más críticos con el PEUAT y no dudó en alinearse en contra las políticas turísticas de BComú, antes de entrar en el gobierno, junto a Ciutadans, CiU y el PP. Su valoración no ha cambiado con su entrada en el ejecutivo. También ERC ha presentado alegaciones y ha pedido más diálogo al gobierno municipal para dar luz verde definitiva al plan. El gobierno de Ada Colau se encamina hacia otra negociación complicada, incluso con su nuevo compañero de ejecutivo.
