La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, espera tener los números del Ayuntamiento listos para el 2016. Para lograr su primer presupuesto, estos días el equipo económico de Barcelona en Comú está negociando con el resto de grupos municipales algunas de las modificaciones que prevé incorporar. Unas conversaciones que se centran, sobre todo, en los partidos que apoyaron su investidura, ERC, PSC, y también con las CUP, que les prestó un apoyo parcial.
Fuentes cercanas a la alcaldesa informan a este medio que, por ahora, la sintonía con los socialistas está siendo más “fructífera” que con los republicanos, más alejados de Colau “por su política de gestos”, en alusión a la guerra de banderas de hace unas semanas o al debate sobre la adhesión a la AMI. Tras los resultados del 27-S y la posterior composición de la Generalitat, todavía en el aire, el debate sobre los presupuestos puede convertirse en la antesala de un posterior escenario en que republicanos o socialistas se incorporen al ejecutivo de Colau.
Al margen del diálogo entre BComú y ERC y PSC –que limó algunas asperezas en el pasado pleno–, el calendario inmediato pasa por aprobar el próximo día 14 el proyecto de ordenanzas fiscales y de llevar la propuesta de presupuestos a la comisión de Economía y Hacienda, fijada para el 11 de noviembre. Antes de la llegada de Colau, el equipo de gobierno de CiU, con Xavier Trias al frente, había congelado, de forma prácticamente total, todos los impuestos y tasas, aplicando únicamente incrementos equivalentes a los del IPC. Sin embargo, las mismas fuentes de BComú aseguran que habrá modificaciones con el fin de “hacer más justa” la fiscalidad y para avanzar hacia un modelo de presupuestos participativos.
Entre las modificaciones, se baraja un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mediante una revisión a fondo del catastro. El objetivo no es otro que el de adaptar el valor de los pisos a su valor real de mercado, una voluntad que, según BComú, favorecerá los barrios que tienen una renta más baja. De hecho, el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ya explicó poco después de tomar posesión del cargo que el objetivo de esta medida no era “incrementar la recaudación, sino conseguir una distribución más justa del impuesto”. Algo que confirman las fuentes del Ayuntamiento consultadas, que están convencidas que la propuesta “tendrá un impacto más favorable a los barrios más castigados por la crisis”.
En busca del equilibrio
La idea nuclear de esta modificación parte de la base que desde 2001 el mercado inmobiliario en Barcelona no ha tenido un comportamiento homogéneo en toda la ciudad, al contrario que las subidas de las tasas, que sí lo han sido. Tal y como explicó Pisarello en esa ocasión, la actualización del catastro garantiza un equilibrio de los “usos sobrevalorados y penalizados fiscalmente”, como es el caso del pequeño comercio o las plazas de aparcamiento de particulares. Además, el consistorio también aumentará las bonificaciones para colectivos “de mayor vulnerabilidad, como las familias numerosas o con hijos con discapacidad”.
En el debate sobre los presupuestos el gobierno municipal pondrá en marcha, también, una serie de medidas medioambientalistas. Alguna de ellas centradas en la movilidad sostenible y que, por lo tanto, están destinadas a entrar en conflicto con el uso del vehículo privado. Entre ellas se estima una subida del precio de la zona azul, cuyos beneficios se destinarán a otros servicios más sostenibles, como el Bicing, que sí genera déficit. BComú tratará, además, de introducir nuevos conceptos tributarios sobre la actividad turística. Una de las prioridades de Colau, que ya impulsó la moratoria de licencias hoteleras, es precisamente la recaudación y la gestión de los ingresos procedentes de este sector, que supone el 14% del PIB de Barcelona.
Propuestas como el presupuesto –como también sucede con el PAM, la hoja de ruta del gobierno para sus cuatro años de mandato– necesitan mayoría absoluta del pleno para ser aprobados. Algo que obliga a “ceder y escuchar” a Colau, tal y como recriminó la oposición a BComú, si quiere que le salgan las cuentas antes de que acabe el año. Si las negociaciones con los socios de investiduras no prosperan, Colau todavía se podría acoger importante brecha normativa para aprobar el presupuesto. Sin ir más lejos, las cuentas del 2014, aún bajo mandato de Trias, se validaron a través de la llamada moción de confianza. Una fórmula válida siempre y cuando la oposición no presente una moción de censura con candidato alternativo a la alcaldía en el plazo establecido, de 30 días.