El conflicto entre la cadena hotelera Praktik y el Ayuntamiento de Barcelona a raíz del hotel de lujo de Les Drassanes ha vivido este martes un nuevo capítulo. La concejala de Urbanismo, Janet Sanz (BComú), ha declarado como imputada (investigada, según la nueva denominación) por prevaricación ante la titular del juzgado de instrucción 10 tras una querella de los promotores hoteleros. El motivo, la licencia que el consistorio no otorgó para construir un hotel que mantiene con las espadas en alto a los vecinos del barrio.
Fuentes judiciales han informado que Sanz ha defendido ante la jueza la legalidad de no otorgar la licencia hotelera a Praktik el pasado mes de julio. Lo hizo a partir de los informes jurídicos y técnicos municipales que defendían la paralización del proyecto hotelero fruto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó el plan de usos de Ciutat Vella aprobado por el anterior gobierno de CiU.
“Estamos satisfechos por haber contestado a las preguntas de todas las partes y por haber trasladado a la jueza la confianza y la tranquilidad por el trabajo hecho por los técnicos. Todo se ha hecho correctamente”, ha aseverado Sanz a la salida de los juzgados. La defensa pedirá ahora el archivo de la causa porque, a su juicio, la concejala no ha cometido ningún delito.
Además de la vía penal contra Sanz, Praktik también ha emprendido la vía administrativa para construir el hotel con un contencioso en contra de la decisión municipal de no otorgar la licencia y una reclamación patrimonial al consistorio (que todavía no han concretado en una cifra), a día de hoy pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo, han informado las mismas fuentes.
La sentencia del TSJC dejó la modificación del plan de usos de Ciutat Vella del convergente Xavier Trias a la altura de una chapuza administrativa pensada en exclusiva para fomentar nuevos hoteles en el barrio. El alto tribunal catalán anuló el plan de Trias por ser arbitrario e ir en contra de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en la actuación de la administración.
Al anularse el plan de 2013, el consistorio consideró que la norma a tener en cuenta para atorgar o no la licencia del hotel de Drassanes era el plan de usos de Ciutat Vella de 2010. Esta normativa, más restrictiva que la de Trias, especifica que no se podrán autorizar nuevas plazas hoteleras si antes no disminuyen. Esto implica mantener el número de camas de hotel en el barrio y supone un frenazo al proyecto de Praktik, que sumaría 200 camas a uno de los barrios que más sufre la saturación turística de la ciudad.
La del hotel de Drassanes es una historia de pelotazos. El sindicato UGT compró en 1986, uno de los dos solares, donde proyectó pisos sociales que finalmente nunca construyó. El sindicato vendió el terreno en 2003 con un beneficio de 1,4 millones de euros tras un cambio de planeamiento urbanístico. A la venta de los terrenos por parte de UGT le sucedieron otras tres operaciones hasta la última, a principios de 2015, por la que una filial de Praktik compró los terrenos por 22 millones de euros para construir sus dos hoteles de cinco estrellas.