El coste económico de tener una discapacidad: 17.000 euros de media al año, según un estudio de Barcelona

¿Cuánto dinero se gasta al cabo del año una persona con discapacidad? ¿O cuánto debería gastarse para llevar una vida sin renuncias? Un estudio del Instituto Municipal de la Discapacidad de Barcelona (IMDB) ha tratado de calcular el “agravio económico” que sufre este colectivo. Y la factura anual no es menor: de media, esta población tiene que asumir –los que se lo pueden permitir– unos 17.000 euros anuales en costes directos como la atención de profesionales, el condicionamiento del hogar u otras actividades de su vida diaria.

“Vivir con discapacidad conlleva gastos añadidos que implican a menudo una desigualdad respecto al resto de la población”, ha expresado la concejal de Infancia, Juventud y Mayores del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del IMDB, Marga Marí-Klose. El estudio, presentado en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, lo ha elaborado un equipo de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con una metodología que consiste en enumerar y sumar los recursos estándar que requieren estas personas -en función de su discapacidad-, restarle las bonificaciones y ayudas que perciben y, al final, cotejarlo con las entidades del sector para que lo corroboren.

Esta aproximación, centrada en la ciudad de Barcelona -donde hay 137.832 personas con certificado de discapacidad-, arroja que el gasto anual directo para este colectivo es de 17.000 euros, aunque varía mucho en función del caso. Una persona con Síndrome de Down, que entraría en la categoría de discapacidad intelectual leve, se enfrenta a unos 10.000 euros anuales, la mayoría derivados de atenciones de profesionales especializados. En el otro extremo, un discapacitado físico de carácter grave se estima que gasta 41.000 euros por año, teniendo en cuenta que requiere de asistencia personal para movilidad y de adaptaciones en el hogar.

“Los costes directos son sobre todo de atención personal de apoyo a la vida diaria y de adaptaciones en las viviendas”, sostiene una de las autoras del estudio, Marta Segura. Pero esto si se tiene en cuenta lo que gastan las familias, porque luego está el dinero que dejan de ingresar. El agravio indirecto de la discapacidad. El estudio también calcula este ámbito y estima que, de media, es de 41.000 euros. En una discapacidad leve, puede ser de 27.000 euros, mientras que en una incapacidad física severa, ascendería a los 95.000 euros.

El grueso de este agravio indirecto corresponde tanto a lo que deja de ingresar algún familiar -que se reduzca la jornada o coja un trabajo más flexible- como la propia persona discapacitada. En muchos casos, este colectivo tiene más paro y, en caso de los que tienen acceso al empleo, muchos tienen salarios bajos. Según datos del INE, la brecha salarial de este colectivo es de unos 4.000 euros anuales.

“Dejé de ingresar 10.000 euros”

Montse Benito tiene un Excel en el que anota todos los gastos asociados a las terapias a las que acude su hijo, que tiene Síndrome de Down (una de las discapacidades menos caras en términos de coste económico). En 2019 se gastó 4.000 euros en logopedas, osteópatas, la mutua (que abona solo para el hijo que tiene con discapacidad) y el centro de educación especial. “Esto sin contar las gafas, las plantillas...”, enumera esta mujer, a quien no sorprenden estas estimaciones.

Asesora de familias con hijos con discapacidad, Benito opina que el coste puede diferir mucho en función del caso y también de la etapa de la vida en la que se encuentre la persona. “Los padres y madres de niños con trastorno del espectro autista al principio se gastan mucho dinero para conseguir un mejor desarrollo del crío, a razón quizás de 1.000 euros al mes, aunque luego se reduce”, expone. En casos como el de discapacidad auditiva, quizás los gastos regulares son inferiores, pero aparatos como un implante coclear pueden valer 20.000 euros.

Sobre el coste indirecto, en su caso durante unos años fue muy claro. Este mujer dejó su trabajo al ver que no podía atender las necesidades educativas de su hijo y montó una empresa. “Esos años dejé de ingresar 10.000 euros al año, aunque otras personas hacen reducciones de jornada”, detalla.

3.600 euros solo con el logopeda

Àngels Videla, madre de un niño con discapacidad auditiva y presidenta de la entidad ACAPPS, nunca ha hecho las cuentas, pero cuando las hace las cifras rápidamente se acercan a las del estudio, que para estos casos estima un agravio económico de 6.800 euros. Solo con las dos sesiones semanales del logopeda que no le cubre la Seguridad Social se deja 3.600 euros al año. “Es un refuerzo necesario para él, no es una opción”, explica.

A ello hay que añadirle un coste asociado a los aparatos auditivos. El segundo implante coclear -el primero entra en la Seguridad Social- les costó 27.000 euros. Además, anualmente se dejan unos 1.000 euros en su seguro, baterías, pilas, filtros y reparaciones. “También en el colegio el profesor lleva un micro que va directo a su implante para quitarle reverberación, y una parte de ello, entre 1.000 y 2.000 euros, lo pagamos nosotros”, explica. Este micro dura unos cinco años.

“Estos gastos nos han obligado a renunciar a muchas cosas, como fines de semana fuera de la ciudad, y esto teniendo en cuenta que los dos progenitores tenemos trabajo”, explica Àngels.

Un 21% cubierto por la ley de dependencia

De las 137.824 personas con discapacidad en la capital catalana -entorno al 8% de la población-, solo el 21% tiene algún tipo de reconocimiento de la Ley de Dependencia. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento plantean la posibilidad de incluir la discapacidad como variable en políticas de tarifación social.

También propone el consistorio más políticas de vivienda accesible, que en los últimos años ha supuesto en la ciudad la adjudicación de 59 viviendas. “El 5% de las promociones de vivienda pública se destinan a proyectos de autonomía personal”, sostienen. Pero este modelo no acaba de convencer a todas las entidades. Desde el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) piden que no sólo haya pisos reservados a este colectivo, sino que todo el parque de vivienda debería cumplir con requisitos de accesibilidad.