“Atendiendo que el objeto del contrato es la voluntad de atender y reducir la pobreza energética se establecen las siguientes condiciones especiales”. Este es el inicio de la cláusula 18, la de las condiciones especiales, que ha hecho que Endesa y Gas Natural impugnen el concurso publicitado por el Ayuntamiento de Barcelona para adjudicar su nuevo contrato energético.
Las dos grandes eléctricas no sólo no se han presentado al concurso de Colau sino que han recurrido el nuevo contrato ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Alegan que las cláusulas del nuevo contrato resultan “discriminatorias” para ellas. “Entendemos que en un concurso público todas la compañías deben competir en igualdad de condiciones, sean grandes o pequeñas. Las compañías que optan al concurso de Barcelona [los competidores de Endesa y Gas Natural] están en el mercado libre, por lo que no tienen clientes a proteger. Una compañía que no tiene clientes, no tiene riesgos”, han citado a este medio fuentes de Endesa.
Por su lado, Gas Natural ha justificado el recurso en el hecho que las bases del concurso de Colau exigían “la firma en un plazo de seis meses de un convenio en materia de vulnerabilidad energética” entre la comercializadora y el Ayuntamiento en el que –ha lamentado la energética– “no se incluía información concreta sobre el contenido a convenir”. “Aunque se pidió información adicional al respecto ésta no se facilitó”, han añadido fuentes de Gas Natural a Catalunya Plural.
El Gobierno de Ada Colau ha intentado presionar a las eléctricas para que acepten su corresponsabilidad en la pobreza energética en el diseño del nuevo contrato de energía de Barcelona. Para ello, la cláusula 18 del pliego obliga a las empresas a firmar un convenio con el Ayuntamiento, por el que la compañía acepta hacerse responsable del 50% de la factura de la pobreza energética, tal y como recoge el modelo pactado entre entidades locales y Generalitat.
El de Colau es el enésimo intento de las administraciones para hacer que las grandes eléctricas acepten la ley catalana 24/2015, que introduce para la administración la obligatoriedad de hacer convenios. La Generalitat ya ha firmado convenios con la mayoría de compañías suministradoras de agua pero, hasta ahora, no ha sido capaz de hacer lo propio con las eléctricas.
El consistorio confía en una resolución favorable
La postura de Endesa y Gas Natural no preocupa al Ayuntamiento de Barcelona. Según el regidor de Energía, Eloi Badia, los ciudadanos no deben “temer” por el suministro energético de la ciudad. Si el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público no decreta medidas cautelares ante el recurso de Endesa y Gas Natural, el Ayuntamiento prevé que la subasta se realice este mismo viernes, entre las empresas que sí se han presentado. Es el caso de otras compañías más pequeñas: Nexus, Som Energia o Factor Energia, por ejemplo.
Los tres lotes (una misma compañía sólo puede optar a dos) publicitados por Colau están valorados en 65 millones de euros y la duración del contrato sería, como máximo, de dos años. La intención del consistorio es que dicha duración sea más corta: el Ayuntamiento de Barcelona quiere tener a punto antes de que finalice el plazo del concurso su propia empresa comercializadora de energía eléctrica.