El hostigamiento de varios grupos de ultraderecha a la mezquita del distrito de Nou Barris de Barcelona está más cerca de no quedar impune. El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha pedido 10 años de cárcel para el responsable de organización en Catalunya del partido de extrema derecha Democracia Nacional, Alberto Bruguera, y entre tres y seis años de prisión para otros catorce neofascistas por la “campaña de hostigamiento y acoso” que dirigieron contra la comunidad musulmana del barrio.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando la comunidad musulmana se disponía a abrir una mezquita en Nou Barris tras conseguir todos los permisos. Grupos de extrema derecha como Democracia Nacional, Frente Nacional Joven, Generación Identidad, Frente Visigodo y Legión Catalana, relata el fiscal, “se introdujeron” y “aprovecharon” las protestas vecinales contra el centro para convertirlas en “una interesada campaña de acoso y hostigamiento hacia el colectivo musulmán”.
A través de caceroladas, cánticos con el megáfono, pintadas y ataques a la mezquita, continúa el fiscal, los ultras pretendieron “manipular” a los vecinos, “exaltarlos” y “aumentar las protestas y estereotipos” contra la mezquita, además de “amedrentar” a la comunidad islámica del barrio para que no pudiera abrir el centro religioso y “perturbar su legitimo ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.
Hace hincapié el fiscal Aguilar en que el acoso de la extrema derecha a la comunidad musulmana de Nou Barris no es un caso aislado, sino que está en enmarcado en un contexto de “proliferación de la islamofobia” en Catalunya, España y Europa, consecuencia de la “normalización de un discurso excluyente” por parte de “nuevos liderazgos populistas contrarios a la inmigración y la acogida de refugiados”.
En Nou Barris esta estrategia se tradujo en protestas casi semanales de los ultras durante un año contra la mezquita y en ataques al centro como pegadas de adhesivos con los lemas “mezquita no”, “España cristiana no musulmana” así como lanzamientos de pintura roja y pintadas con las siglas “SS”, bloqueo de sus candados y la colocación en la entrada del centro de embutidos de cerdo. Los ataques solo cesaron después de que el juez, en 2018, dictara una orden de alejamiento de los ultras de la mezquita.
En paralelo a los ataques físicos, agrega el fiscal, varios de los acusados emprendieron una campaña en redes sociales con contenidos para “generar animadversión, prejuicios y estereotipos contra los musulmanes”.
Y en marzo de 2017 fueron más allá e incluso llegaron a agredir a vecinos del barrio que apoyaban la apertura de la mezquita. “Guiados por su animadversión a la libertad religiosa y la integración social”, expone el fiscal, varios de los acusados comenzaron a lanzar latas de cerveza y cigarrillos a los vecinos, así como a insultarles y a amenazarles. A dos de los portavoces vecinales les señalaron al grito de “vamos a por vosotros”, llegando a rodear a uno de ellos y decirle que le iban a “arrancar la cabeza”, para después propinarles una patada y un rodillazo.
El Ayuntamiento de Barcelona, que denunció los hechos ante el fiscal, ha celebrado la acusación pública. “Es un caso que supone un punto de inflexión, porque situaciones de esta las hemos visto en otros casos, con aperturas de otros centros de culto o de menores, pero hasta ahora no había habido una causa judicial tan exhaustiva y con tanta prueba y que pida penas de cárcel tan documentadas contra la extrema derecha”, ha dicho en declaraciones a los medios el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra.