El Sindicato de Inquilinos ha planteado librar un pulso sin demasiados precedentes contra uno de los principales caseros de España: el fondo de inversión Lazora, que posee unas 6.800 viviendas en todo el país. Decenas de familias de hasta cinco fincas propiedad de esta empresa, ubicadas en cuatro municipios catalanes distintos, se han unido para exigir una negociación colectiva y que se paralicen unas subidas de alquiler generalizadas que consideran abusivas.
El número de afectados por los incrementos del alquiler de Lazora que han decidido plantar batalla es difícil de calcular, porque en cada bloque e incluso en cada vivienda hay diferencias. Si se suman todas las viviendas, son unas 250. Pero teniendo en cuenta que algunos vecinos han optado ya por firmar los contratos con el aumento de la mensualidad, y que otros ya se han marchado antes de organizarse, el conjunto de vecinos que exige negociar es inferior. Eso sí, supera el centenar de familias. Su objetivo es rebajar unas subidas que ahora van desde el 30% hasta casi el 100%.
Los cinco bloques que se han unido a través del Sindicato de Inquilinos están en Barcelona (en Vallcarca y Clot), l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Badalona. Estos últimos, una comunidad de exactamente 100 viviendas, fueron los que hicieron saltar las alarmas a finales del año pasado, pocos meses después de que Solvia, la inmobiliaria del Banc Sabadell, vendiese entera su finca a Lazora. “En julio nos comunicaron lo del nuevo propietario y en septiembre ya llegó el primer burofax, que informaba a un vecino que le iban a subir un 80% el alquiler”, explica Sara Lahoz, una de las portavoces de los inquilinos de esta comunidad.
“Una subida de este tipo para mi es sinónimo de tenerme que marchar, porque vivo sola con mi hija y apenas alcanzo a pagar los actuales 900 euros al mes”, comenta esta mujer. Su contrato vence en agosto, pero ya sabe por dónde irán los tiros. De media, han calculado que los contratos en su bloque eran de 1.000 euros y ahora serán de entre 1.800 y 1.900.
El alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, se reunió recientemente con Lazora, pero estos le contestaron que no negociarían colectivamente. Al menos así se lo trasladó el político a los vecinos. “Ahora somos varias fincas más, y si no quieren negociar nos iremos a Madrid frente a sus oficinas, porque aquí no tienen”, reivindica Lahoz.
Estos vecinos citan como referente el bloque de Sant Joan Despí propiedad de Medasil Desarrollos SL. Buena parte de los inquilinos de sus 140 viviendas se negaron a firmar renovaciones de contrato que suponían incrementos de entre el 40 y el 90% y empezaron una serie de movilizaciones que forzaron la negociación con la propiedad. Al final pactaron una subida progresiva del 20% del alquiler en tres años.
Lazora es conocida en varios municipios madrileños, como Parla o San Sebastián de los Reyes, por haber adquirido carteras de pisos de protección oficial durante la crisis. Años después, sus subidas del alquiler han provocado protestas vecinales como la que ahora ocurre en la capital catalana. Esta firma es un “vehículo de inversión” –según su propia definición– que en 2018 tenía unas 6.800 casas en toda España, lo que la convierte en un gigante del alquiler, dentro de un top 10 de propietarios que encabeza Blackstone. Perteneciente a la gestora inmobiliaria Azora, que gestiona unas 15.000 viviendas en total, a finales de 2018 pasó a estar participada por los fondos CBRE Global Investment Partners, Madison International y National Nederlanden.
En su primera respuesta ante la campaña lanzada por el Sindicato de Inquilinos, Lazora no parece dispuesta a entrar en un proceso colectivo. Según informan en un comunicado, la firma trabaja “caso a caso” para “ofrecer las alternativas y soluciones que mejor se adapten a las necesidades de cada familia” y con prioridad, aseguran, sobre situaciones de “vulnerabilidad social”. El aumento de los alquileres es, según ellos, una actualización “en consonancia con los precios del mercado de la vivienda” en zonas parecidas.
Asimismo, consideran “injusta” la campaña del Sindicato y cargan contra la Administración, a quien hacen responsable de “no haber puesto en marcha políticas adecuadas para atenuar los problemas reales de la vivienda”.
“Una cosa es que sea legal y otra que sea justa”
Entre los pisos sublevados contra la subidas de alquiler en Barcelona también los hay de protección oficial. Es el caso del bloque ubicado en el barrio Vallcarca, en la plaza Alfonso Comín, con 66 pisos. “Unos 40 o 50 estamos dispuestos a exigir la negociación colectiva”, detalla Adrià Mas, uno de los vecinos, que está sin contrato desde marzo de 2019, pero pagando por consignación en los juzgados.
Lazora adquirió su bloque en 2008 al Consejo Comarcal de Barcelona. Desde entonces está obligada a mantener el régimen de protección oficial, pero aún así en 2019 empezó a comunicar a quienes terminaban su contrato unos incrementos del alquiler que consideran abusivos. A Mas le exigieron pasar de 604 a 811 euros al mes por su piso de 50 metros cuadrados. “Una cosa es que sea legal y la otra que sea justa”, lamenta este vecino, que se queja de que tiene que hacerse cargo de los gastos de la comunidad y el IBI pese a ser vivienda social.
Desde el Sindicato de Inquilinos denuncian además que algunos de los contratos que plantea Lazora contienen “irregularidades”. Ponen como ejemplo el bloque de Badalona, donde además de los contratos de 1.800 o 1.900 euros al mes, han ofrecido a algunos vecinos una mensualidad de 1.200 euros con bonificaciones los dos primeros años que les llevarían a pagar 1.000 euros. Esto, según el Sindicato, constituirían incrementos interanuales más allá de lo que fija el IPC, algo que prohíbe el decreto ley de alquileres aprobado en marzo por el Gobierno.