Tres días después de que el Síndic de Greuges hiciera público el informe en el que analiza el fenómeno del 'top manta' en Catalunya, el colectivo Tras la Manta, que lucha contra la criminalización de los vendedores ambulantes, ha criticado duramente el informe y ha instado al Síndic a reconsiderar su posición.
Lo ha hecho a través de un escrito publicado en su blog en el que se indica que el texto publicado por el Síndic “lanza acusaciones de competencia desleal, insalubridad e inseguridad basándose estrictamente en información anecdótica aportada por entrevistas con personas claramente interesadas en reproducir esta idea”.
Tras la Manta, conformado por vendedores ambulantes pero también por vecinos y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, se quejan de que para la elaboración del informe se consulte diferentes administraciones públicas implicadas en el abordaje de este fenómeno, como los ayuntamientos de los municipios donde la venta ambulante tiene más presencia, y que, en cambio, no se les consulte a ellos.
Desde Tras la Manta recuerdan que los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes mostraron ya su predisposición en el encuentro de la Mesa de la Ciudad para encontrar una solución. “Queremos reiterar nuestra disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones comunitarias y verdaderas” o “estamos dispuestos a dejar la venta siempre y cuando tengamos una alternativa laboral” son algunas de las frases que entonces plantearon.
El análisis que hace el Ombudsman de la situación, no parte, según ellos, de la “terrible situación y contexto social sino de la descripción de los defectos legales, administrativos, urbanísticos, etc. provocados por el supuesto comercio irregular”. De hecho, la visión del informe del Síndic tiene, según ellos, mucho que ver con la utilización política de un conflicto para imponer un modelo de sociedad “que valora la propiedad por encima de la dignidad humana”.
Otra de las críticas hacia el Síndic, Rafael Ribó, se centra precisamente en la “criminalización de los vendedores, relacionándolos de manera confusa con las supuestas mafias de mayoristas e importadores sin presentar una sola prueba de ello”. Y es que según la información que recoge el documento publicado el lunes una de las conclusiones asegura que “las administraciones públicas no deben permitir el 'top manta', ya que se trata de una actividad ilegal más próxima a las tramas mafiosas que a la pobreza de los más vulnerables ”.