Guardia Urbana, Policía Portuaria y Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un operativo desde este lunes y sin fecha de finalización en el Puerto de Barcelona para erradicar la presencia de vendedores ambulantes. A las 7 de la mañana los tres cuerpos policiales se han desplegado en la zona donde habitualmente trabajan los manteros y la autoridad portuaria ha mojado la zona para evitar que se pudieran instalar. Algunos se han acercado a la zona pero han visto imposible desplegar sus mantas.
“Es una ocupación del espacio para dar un mensaje claro de que no hay zonas en la ciudad donde se pueda practicar la venta ambulante ilegal”, ha declarado el comisionado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, que ha anunciado que el dispositivo policial se mantendrá durante los próximos días. Los vendedores ambulantes tenían conocimiento de la operación el domingo por la noche, pero Recasens ha rechazado valorar el hecho de que hubiera habido filtraciones y ha asegurado que “en todo caso no ha sido por parte de la Guardia Urbana”.
El objetivo del operativo según el Ayuntamiento era “controlar la venta ambulante irregular, garantizar la convivencia en el espacio urbano y preservarlo del uso intensivo al que ha sido sometido hasta ahora con esta actividad y lograr un uso libre del espacio público”. Si bien el nuevo gobierno de Barcelona ha asegurado en varias ocasiones –y especialmente después de las quejas de movimientos sociales de la ciudad– que esta problemática no se debía abordar desde un punto de vista de orden público sino de derechos de las personas que se dedican a la venta ambulante, el comisionado Recasens declara que “desde el punto de vista de la seguridad no hay negociación posible” y que deben actuar para evitar la venta ilegal de productos falsificados.
“Si estas personas no pueden trabajar no tienen ninguna vía de ingresos”, critica Esteban Yanischevsky, del colectivo de apoyo Tras la Manta. “Tienen profesiones, pero se dedican a la venta ambulante porque no tienen otra alternativa laboral”, añade el activista, que apunta que han tenido conversaciones con el ayuntamiento para buscar soluciones.