La oposición tumba la funeraria pública de Colau y la venta del 15% de Serveis Funeraris
La oposición del Ayuntamiento de Barcelona ha tumbado en el pleno extraordinario de este miércoles la creación de una funeraria pública y la venta del 15% que mantiene el consistorio en Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), al no contar con el apoyo suficiente para prosperar.
La propuesta del Gobierno de BComú ha contado con los votos a favor de BComú, la CUP y del concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé, los votos en contra del PDeCAT, Cs, PSC, PP, y la abstención de ERC, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha votado a favor de la funeraria pública y en contra de la venta del 15%.
El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha lamentado la decisión: “Somos la ciudad donde morirse es más caro. Queremos una funeraria pública que ofrezca un servicio de calidad con precios asequibles. No esperemos al próximo mandato”, ha expresado.
Badia ha afeado el posicionamiento de ERC y PSC y les ha acusado de favorecer la privatización de los servicios funerarios por apoyar en marzo de 2011 la venta del 35% de SFB: “Hoy recogemos los frutos de esa mala decisión”, y ha ironizado con el hecho que el PDeCAT quiere rescatar el tanatorio de Collserlos y no quiera crear uno en Montjuïc.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado no entender a ERC y PSC y ha lamentado que no se haya logrado un acuerdo de izquierdas: “Más del 80% de los votantes del PSC y ERC quieren una funeraria pública. Estamos aquí por la gente, pero está ganado el partidismo, el clasismo y el electoralismo”.
Este pleno extraordinario llega después que Badia anunciara este martes una inspección del sistema de facturación y precios de SFB que ha llevado a abrir también una auditoría, cuyos resultados se conocerán a finales de marzo, por el caso que un ciudadano llevó a la Síndica de Greuges de Barcelona y que apunta a “irregularidades”.
Críticas de la oposición
Sònia Recasens (PDeCAT) ha alertado que la funeraria es un cuestión que merece la máxima sensibilidad y que requiere “alejarse de posiciones demagógicas, populistas y de usos partidistas”, y ha reprochado que Colau dijera que en este pleno se sometían a aprobación 60 velatorios cuando, a su parecer, se votaban sólo seis.
Koldo Blanco (Cs) ha dicho que BComú no ha dialogado con los profesionales, los trabajadores ni la empresa, y ha asegurado que han elevado un caso puntual a categoría: “Esto es jugar sucio”, y ha recordado que los servicios gratuitos y bonificados ya se están prestando, por lo que no hace falta una funeraria pública.
El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha dicho que pactaron con BComú ajustar un precio de 1.800 euros para los servicios básicos para lograr entierros dignos y ha subrayado que esta medida podría estar en funcionamiento desde junio si Colau hubiera querido: “Prefieren hacer campaña que resolver problemas de la ciudadanía”.
La concejal del PSC Carmen Andrés ha reprochado a Badia no tener un modelo claro y no llegar a consensos, y ha criticado que votaran en el consejo de administración de SFB incrementar un 16% el precio de los servicios más económicos --de los 1.800 a los 2.072 euros--: “Tienen derecho a veto”, ha recordado.
Mejor competencia
Alberto Fernández (PP) ha insistido en la necesidad de bajar los precios, aunque ha asegurado que crear seis velatorios no incidirá en el precio cuando ya existen 88, por lo que ha reclamado una mejor competencia, y también ha recordado a Colau que ya existió una funeraria municipal: “ICV no marchó del Gobierno cuando se externalizó”.
Maria Rovira (CUP) ha dicho que, desde el principio, han visto favorablemente revertir la privatización de SFB y la creación de una funeraria pública: “Debe ser un objetivo a largo plazo”, y ha dicho que es primordial que los trabajadores continúen en sus puestos de trabajo.
Puigcorbé ha recordado la preocupación ciudadana por el precio de los servicios funerarios, por lo que mucha gente desea la creación y una funeraria pública, mientras que Ardanuy ha rechazado la venta del 15% de SFB pero ha pedido una funeraria municipal para “incidir en los precios a través de las acciones”.
