Una jueza procesa a cinco personas por intentar reokupar el Banc Expropiat
Cinco activistas del Banc Expropiat de Gràcia de Barcelona están a un paso del juicio por intentar entrar de nuevo en el local el pasado mes de junio, una semana después del primer desalojo del local al que siguieron varias noches de altercados. La titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona ha cerrado la investigación del caso y considera que hay indicios de que cinco personas cometieron un delito de usurpación al intentar reokupar el Banc –castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Asimismo, cree que dos de ellas también podrían haber desobedecido a los Mossos al negarse a desatarse de un bidón de cemento una vez entraron en local, por lo que se exponen a una pena de tres meses a un año de prisión por un presunto delito de resistencia a agentes de la autoridad. El intento no logró su objetivo y la policía sacó a los activistas del local en pocas horas.
La magistrada da ahora diez días a la Fiscalía y al propietario del local, Manuel Bravo Solano, para que formulen sus acusaciones. Los Mossos d'Esquadra calificaron los hechos en el atestado que abrió las diligencias como presuntos delitos de usurpación, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y daños.
Este diario se ha puesto en contacto con el Banc Expropiat para recabar una valoración de la decisión judicial. Desde el Banc han respondido: “Ni hemos vist el auto ni hemos hablado con las abogadas todavía”.
En un auto, la jueza María Antonia Coscollola relata que los cinco investigados accedieron al Banc Expropiat cortando con una sierra radial las planchas metálicas que el propietario había colocado para impedir el acceso al local después del primer desalojo. Una vez dentro, añade el auto, “volvieron a tapar con otra plancha de hierro el agujero usado como entrada”.
La magistrada considera que hay suficientes indicios para considerar que las dos investigadas por desobediencia a la autoridad se encadenaron a un bidón lleno de cemento, “lógicamente con la intención de dificultar cualquier intento de desalojo forzoso”. En este sentido, añade que se negaron a identificarse y a desencadenarse voluntariamente cuando así se lo requirió la policía catalana. Finalmente los Mossos lograron desatarlas.
Según el auto, los desperfectos ocasionados por la rotura de las planchas metálicas y los trabajos para volver a reinstalarlas ascendieron a 4.528,59 euros. El propietario, el empresario inmobiliario Manuel Bravo Solano, puede reclamar “la indemnización que pueda corresponderle”.
