Cuatro promesas de los ayuntamientos del cambio que el TTIP dificultaría

El Ayuntamiento de Barcelona ha acogido este jueves y viernes el primer encuentro europeo entre dirigentes municipales que se oponen al Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés). Tras declararse ciudad libre del TTIP en octubre, el equipo municipal de Ada Colau ha reunido a representantes municipales de las más de mil ciudades que se han declarado contrarias al acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, el alcalde de Cerdanyola del Vallés, Carles Escolà, el concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, o los tenientes de alcalde de Birmingham y Grenoble. Los asistentes han acordado un manifiesto conjunto en el que advierten que el TTIP “pondrá en riesgo la capacidad de legislar y utilizar el dinero público” de las autoridades locales.

“Hemos querido crear un espacio de diálogo europeo entre ayuntamientos que haga frente al secretismo con el que la Comisión Europea está negociando el TTIP”, afirma Pablo Sánchez, el director de relaciones internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. Aún en proceso de negociación, el Tratado Transatlántico pretende liberalizar y homogeneizar las normas comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Este proyecto inquieta a los ayuntamientos del cambio españoles, como el de Barcelona o Madrid, no sólo por la poca transparencia con la que está siendo negociado, sino también por las restricciones en la autonomía de la política municipal que comportaría. De hecho, cuatro de los proyectos políticos que preparan los ayuntamientos del cambio podrían verse obstaculizados con la aprobación del TTIP.

1- Remunicipalización del agua

La alcaldesa Ada Colau tiene como uno de sus objetivos remunicipalizar la gestión del agua. El suministro del agua en Barcelona fue privatizado en 2012, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó a finales de marzo la concesión de este servicio. Los dirigentes de Barcelona en Comú, junto con el Ayuntamiento de Badalona, quieren aprovechar esta decisión para recuperar el carácter público del agua, siguiendo así el ejemplo de París o Berlín.

Sin embargo, la aprobación del TTIP dificultaría la remunicipalización del suministro del agua. Además de proponer la liberalización de los servicios públicos, este tratado quiere establecer tribunales de arbitraje privados (ISDS) para que dictaminen los pleitos entre las empresas privadas y las autoridades públicas. “Los tribunales ISDS harán que muchos ayuntamientos duden antes de remunicipalizar el agua, ya que incrementarán aún más la diferencia de poder entre los municipios y las multinacionales”, ha asegurado Miriam Planas, miembro del colectivo Aigua és vida, durante las jornadas. Conformados por letrados privados en lugar de jueces estatales, estos tribunales suelen ser criticados por actuar en beneficio de las grandes empresas. Por ejemplo, el gobierno de Ecuador tuvo que indemnizar con 2.300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental, después de que un veredicto de un tribunal ISDS juzgara como expropiación el haber roto el contrato con la empresa después de que ésta lo violara.

2- Contratación sostenible

El gobierno municipal de Barcelona prepara una lista de veintidós cláusulas sociales que exigirá a las empresas que obtengan adjudicaciones públicas. Así, espera incrementar el salario mínimo, mejorar la equidad entre hombres y mujeres, beneficiar las pequeñas empresas y las cooperativas y exigir un modelo sostenible a los grupos que colaboren con el Ayuntamiento.

No obstante, “la compra pública responsable está amenazada por el TTIP”, aseguró en su ponencia Álvaro Porro, director del área Otras Economías y Proximidad de Barcelona Activa. El TTIP pretende incorporar un organismo, conocido como Cooperación reguladora, que supervisaría las regulaciones y los actos normativos de los Estados y las autoridades locales de la UE. Según ha denunciado Álvaro Porro, éste favorecería que los lobbies empresariales influyeran en las legislaciones actuales y así dificultaran que los ayuntamientos impongan cláusulas sociales en la contratación pública.

3-Creación de un parque de vivienda social

Uno de los proyectos más ambiciosos del equipo de Ada Colau es la creación de un mayor parque de vivienda social. De acuerdo con el plan presentado, el equipo de Barcelona en Comú espera invertir 500 millones de euros para construir 2.365 viviendas. Lo que permitiría incrementar el escaso porcentaje de vivienda social de la ciudad, que se sitúa en 1,5%, frente al 15% de la media europea.

La promoción de la vivienda pública podría confrontarse con las nuevas normas que establecerá el Tratado Transatlántico. Según el informe de Ecologistas en Acción “La amenaza global asalta lo local. El TTIP en municipios y comunidades autónomas”, las empresas que posean tierras en una área en desarrollo podrían “reclamar una violación de la seguridad de la inversión si el ayuntamiento decide más  tarde aumentar la parte de la construcción de viviendas sociales o espacios verdes”. Unas nuevas normativas internacionales que incluso permitirían, según el investigador Thomas Fritz, “favorecer la presencia de centros comerciales en zonas que antes estuvieran protegidas en beneficio del comercio local”.

4-Un servicio público de limpieza

La candidatura de Ahora Madrid ganó las elecciones del 24-M con la promesa de recuperar la gestión pública de los servicios de basura e higiene de la ciudad. La alcaldesa Manuela Carmena siguió adelante con este compromiso y remunicipalizó dos plantas de secado de lodos provenientes de aguas residuales. Pero renunció a asumir la gestión pública del servicio de basuras y aceptó en marzo licitar estos contratos a empresas privadas.

La creación de una empresa pública de limpieza resultaría una tarea aún más complicada con la aprobación del TTIP. Éste pretende liberalizar los servicios públicos y garantizar así que las empresas puedan acceder a la gestión del sector de la limpieza y del tratamiento de residuos. Además, la voluntad de este tratado de homogeneizar las normas internacionales dificultaría que los municipios impongan unas condiciones exigentes de salubridad pública. Según el informe “La amenaza global asalta lo local”, el TTIP favorecería que “las grandes multinacionales sigan perpetuando su sistema de recogida de residuos, alejado del cuidado del medio ambiente y centrado en la lógica del lucro”.