La construcción de una pista de skateboarding, acompañada de un amplio despliegue policial conjunto (Guàrdia Urbana, Policia Portuària y Mossos d'Esquadra), protagonizó el pasado viernes la última batalla entre el colectivo de manteros y el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio procedió a construir la zona de patinaje como parte de su “plan de saturación” para echar a los manteros de la zona de la Barceloneta, que hasta el viernes registraba el mayor número de vendedores. Los manteros han considerado la obra como la última acción “racista” del consistorio. Tampoco ha sentado bien en el colectivo la campaña lanzada por el Ayuntamiento para evitar el “consumo de productos ilegales”. “Este tipo de mensajes contribuyen a fomentar los prejuicios, nos criminalizan y fomentan el racismo a nuestro colectivo”, destacan en un comunicado.
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, de más de 150 miembros, considera que el Ayuntamiento les “señala” como el problema, cumpliendo el pronóstico que expresaron en mayo de “mano dura” con el colectivo para este verano, y que quiere enfrentarles con los vecinos, la policía, y ahora también con los patinadores.
En declaraciones a Catalunya Plural, los manteros aseguran que el consistorio “no logrará” dicha confrontación y que evitarán una “guerra de los pobres”. El colectivo asegura haber mantenido contacto con diferentes skaters que no se sienten “a gusto” como protagonistas del plan aplicado por el Ayuntamiento para cambiar los usos del espacio público la zona del puerto durante el verano.
“Nosotros queremos pagar cuotas. Pero los planes y programas los hacen desde arriba”, ha considerado el Sindicato, que ha denunciado que no existe comunicación entre ellos y el Ayuntamiento de Barcelona desde hace meses. “Con esta fórmula se fomenta el asistencialismo”, han añadido. Por su parte, el pasado viernes el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, citaba como parte de la solución al conflicto los 40 planes de ocupación con los que el Ayuntamiento quiere hacer frente a la situación de vulnerabilidad del colectivo de la manta. Las cifras del consistorio contrastan con los datos que maneja el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que asegura que le consta que tan sólo cuatro de los miembros han recibido un contrato —en Mercabarna, concretamente— desde que se empezaran a anunciar medidas en diciembre de 2015.
Crítica al Síndic de Greuges
Los manteros tampoco pasan por alto las palabras del Síndic de Greuges de Catalunya –el Defensor del Pueblo catalán– tras la reunión de la semana pasada con más de una decena de ayuntamientos (entre ellos el de Barcelona), la Generalitat, la Delegación de Gobierno y los cuerpos policiales, donde se acordó un frente común contra la venta ambulante.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, aseguró que tras la venta de los manteros se esconde “la mafia”. Una teoría que el colectivo rechaza frontalmente: “Ningún jefe de la policía ha presentado nunca un informe que sostenga que tras nuestra actividad se esconde la mafia. Nos preocupan las declaraciones del Síndic, que fomentan la visión de los vecinos buenos y malos. La mafia es una forma de justificar la represión que sufrimos”. Tras la Manta ya denunció el febrero pasado que el informe del Síndic de Greuges —guión de la reunión del pasado martes— “criminaliza” a los manteros.
El Síndic anunció en la misma comparecencia, además de la colaboración entre policías, una serie de “acciones sociales” que todavía no se han concretado. El Síndicato Popular de Vendedores Ambulantes sostiene que no se han comunicado con ellos para hablar sobre dichas políticas y que toda la información que reciben es por parte de la prensa.
Vida más allá de la Barceloneta
Los manteros aseguran que “seguirán luchando por su derecho a trabajar” y que, de momento, no volverán a la zona de la Barceloneta para “evitar más enfrentamientos”. Se han repartido por otros espacios de la ciudad, como la Sagrada Familia o el Park Güell.
El colectivo ha convocado nuevas asambleas para los próximos días en las que se determinarán nuevas acciones. Entre ellas, nuevas protestas para seguir pidiendo la excarcelación de Sidil Moctar, que lleva más de un mes en prisión por golpear a un policía con una rama. “Nuestros cuerpos son la zona de guerra entre policía, Ayuntamiento, izquierda y derecha. Es una batalla en la que siempre pierde el mantero”, lamentan los vendedores.