La patronal de los coches de transporte privado con conductor, Unauto, no va a aceptar así como así el nuevo reglamento que reduce su presencia en Barcelona. Si la norma se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el lunes, este mismo martes la asociación lo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC). Se abre así una batalla judicial contra la propuesta de la alcaldesa Ada Colau de regular la capacidad operativa en la ciudad de estos vehículos con licencia VTC, que son los que utilizan las plataformas Uber y Cabify para operar en España.
El recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, argumenta que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) –ente que aglutina 36 municipios y del que depende el nuevo reglamento– se atribuye competencias de regulación del sector transporte terrestre que corresponden a las administraciones autonómicas por transferencia del Ministerio de Fomento. Su medida más determinante, introducir una autorización adicional para circular por Barcelona a quienes ya disponen de una VTC, supone “duplicar una licencia” dependiente del Estado, según la patronal.
Presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, el recurso solicita que como medida cautelar se suspenda el conjunto de la norma. Unauto considera que un retraso en el fallo supondría mientras tanto un perjuicio a empresas, conductores y usuarios, que no se resolvería con una indemnización en caso de sentencia favorable, puesto que “la prestación del servicio actual quedaría paralizada”, sobre todo en “período vacacional” en Barcelona.
Un vehículo VTC por cada 30 taxis
La AMB informó al aprobar el reglamento que entraría en vigor a principios de julio, aunque no ha especificado cuándo empezará la Guardia Urbana a revisar si estos coches llevan o no el nuevo adhesivo necesario para circular por la ciudad. Su intención es expedir sólo alrededor de 400 autorizaciones, una cifra muy inferior a las 950 licencias VTC registradas en Barcelona y a las más de 3.000 existentes en toda Catalunya, que se da por sentado que operan también en el área metropolitana.
El objetivo de Ada Colau, presidenta de la AMB, es que Barcelona cumpla con la ratio de un vehículo VTC por cada 30 taxis, tal como está estipulado en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, aunque las grandes ciudades españolas, como la capital catalana o Madrid, estén hoy lejos de esa proporción.
No oculta la alcaldesa que la razón de ser de esta norma es también “regular” la presencia de nuevas plataformas de transporte como Uber y Cabify. “No podemos permitir que pretendan invadir con miles de vehículos nuestras ciudades metropolitanas”, aseguró el día que se dio luz verde a la normativa con los votos de BComú, PSC, ERC y CUP. Los últimos facilitados por ambas empresas situaban un mínimo de 120 y 250 coches operando en Barcelona, respectivamente.
Para Unauto, sin embargo, este afán regulador es “consecuencia de las presiones del taxi”. “En definitiva, la aprobación del reglamento local viene únicamente motivada por la competencia que pudiera afectar al taxi, sin tener en cuenta el interés general de los usuarios”, resume el documento registrado en los juzgados.