La sentencia del TSJC que ha anulado la adjudicación a Agbar del suministro de agua en Barcelona abre la puerta a la gestión pública del agua en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Así lo ha defendido este jueves la vicepresidenta del Área de Medio ambiente de la AMB, Janet Sanz (Barcelona en Comú). Una postura opuesta a la de Agbar, la empresa que tradicionalmente ha operado en régimen de monopolio en Barcelona y que sostiene que el fallo no cuestiona la capacidad de prestar el servicio de abastecimiento de agua por parte de la sociedad. La empresa, además, ha puesto precio a la expropiación de sus activos: 500 millones de euros. Conflicto jurídico y político a la vista.
“Es necesario que desde la administración se dé una respuesta [a la sentencia] y se plantee un modelo de gestión pública del agua, que es la propuesta que más beneficiaría a la ciudadanía, ya que el agua es un derecho humano y un bien público”, ha sostenido Sanz. En línea con esta idea, Sanz ha avanzado que la AMB no recorrerá la sentencia. Sí lo hará Agbar, que se juega 3.500 millones de euros durante los 35 años de vigencia del contrato que el TSJC anuló el miércoles. Por lo tanto, la empresa mixta seguirá prestando el servicio.
Agbar tiene un 70% de la sociedad mixta enmendada por los tribunales. La AMB y Criteria (la Caixa) se reparten igualitariamente el 30% restante. La empresa mixta ha defendido la inviabilidad económica “evidente” de expropiar los títulos que tenía reconocidos Agbar para prestar el servicio de abastecimiento de agua y ha cifrado estos activos en 500 millones de euros.
No obstante, la sentencia del TSJC ha puesto en duda la valoración de activos que se hizo en el momento de entregar el suministro de agua a la empresa mixta. Así, ha considerado que se incluyó en la valoración del patrimonio de Agbar el derecho a la concesión del suministro de agua hasta el 2047, cuando en realidad “es la AMB quien lo ostenta”. “Se trata de un servicio municipal desde el año 1950, servicio además reservado a las Entidades locales”, recuerda la sentencia. En opinión de Agbar, sin embargo, el fallo “reconoce los títulos para el mencionado servicio”.
Además, el fallo también reveló que se incluyó como activo la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, que no tiene relación con llevar el agua hasta los grifos de los hogares (el fin de la empresa mixta). “Si se valora un elemento patrimonial que no se tiene, el resultado de la valoración no es fiable”, resuelve la sentencia.
Del fallo judicial, pues, se deduce que la AMB debe valorar cuánto costaría expropiar la concesión de Agbar y su red de distribución. En la valoración se debería ponderar qué parte de estos conceptos ya han sido amortizados gracias a que, tal y como recuerda la sentencia, Agbar viene prestando el servicio de abastecimiento “como concesionario tácito”. Con toda probabilidad, el conflicto entre administración y Agbar acabará judicializado, ya que cada una de las partes cifrará la indemnización conforme a sus intereses.
Otro conflicto político metropolitano
Agbar ya ha anunciado que seguirá prestando el servicio porque considera que la sentencia “enmienda la creación de la empresa mixta como consecuencia de que la AMB no hizo constar en el expediente la inviabilidad económica de expropiar los títulos existentes [los citados 500 millones]”, por lo que “el cuestionamiento responde, exclusivamente, al procedimiento administrativo”.
Por su lado, la plataforma Aigua és Vida, ha reivindicado la gestión pública del agua y ha recordado que desde hacía más de 150 años Agbar operaba sin tener la concesión del servicio, y el equipo de gobierno de la AMB decidió hace cuatro años adjudicar a dedo la concesión.
BComú ha apostado por la gestión pública, tal y como explicaba a Catalunya Plural Gerardo Pisarello: “Municipalizar el agua es imprescindible para recuperar el control público sobre la economía”, sostenía el ahora primer teniente de alcalde de Barcelona el pasado febrero -antes de llegar a la plaza Sant Jaume.
ERC ha propuesto el “control público” del agua en la AMB. La CUP también defiende la gestión pública del agua. Ni el vicepresidente socialista de la AMB, Antonio Balmón (PSC) ni el presidente de Agbar, Ángel Simón, han aparecido en un acto público donde se esperaba que hicieran una valoración de la sentencia.
No es descabellado prever, pues, otra lucha soterrada en el poder metropolitano entre socialistas y 'comuns', como ya ocurrió con TMB. Un reportaje del digital Crític reseñó los vínculos con la política de Agbar, empezando por el presidente de la compañía, Àngel Simón, que fue nombrado gerente de la AMB por Pasqual Maragall el 1989.
Por el otro lado, antiguos miembros de Aigua és Vida con un largo historial en la defensa del agua pública ocupan ahora lugares de responsabilidad en la administración tras la victoria de BComú el pasado 24 de mayo: antiguos portavoces de la plataforma, Eloi Badia y Moisès Subirana, son regidor en el Ayuntamiento de la capital, por un lado, y representante de la AMB en la empresa mixta, por el otro.