Faltan pocos minutos para las 8 de la mañana y suena el teléfono de una de las trabajadoras de Servicios Sociales de Blanca. La llama la comitiva judicial que va a echarla de su casa y la anciana, de 78 años, empieza a ponerse nerviosa. Mira a su alrededor y empieza a sollozar. “No quiero que venga la policía. ¿Y si no me dejan llevarme mis cosas?”, pregunta, observando, suplicante, todos los recuerdos acumulados durante el medio siglo que hace que vive en esta casa.
“No quiero irme. No quiero. Yo de aquí no me voy, no quiero. Se lo ruego por Dios”, reclama Blanca, entre lágrimas y patadas al suelo. Mientras un miembro de la comitiva judicial llama a una ambulancia para atender la crisis de ansiedad, una pareja de Mossos d'Esquadra de paisano charla distendidamente en el rellano. Sus risas y comentarios jocosos se entremezclan con el llanto desesperado de Blanca.
La anciana se desgarra mientras los miembros de la comitiva judicial le hablan de “protocolos” y “sentencias”. Y ella les reclama: “Dejadme hablar con ella, por favor. Igual se le ablanda el corazón y me deja”. Pide hablar con la propietaria de su casa, pero no hay rastro de ella. Sólo Mossos, trabajadoras sociales, médicos y procuradores se enfrentan a la situación. Tras más de dos horas negociando con Blanca para que saliera de su hogar por su propio pie -y no tuviera que intervenir la policía-, la anciana se ha sobrepuesto y, tras prometerle que podrá volver mañana a por sus cosas, se ha puesto un vestido bonito y ha salido de su casa.
Por primera vez en 50 años, Blanca no dormirá esta noche en su casa. Este jueves, cerca de las 10 de la mañana, ha sido desahuciada de su pequeño piso en el barrio Gòtic de Barcelona por una deuda de 88 euros contraída con la propietaria -una mujer que posee diversas viviendas en la ciudad. A partir de ahora, vivirá en una pensión. Allí estará de manera indefinida hasta que el Ayuntamiento le consiga una plaza en una vivienda asistida para personas mayores. Pero el consistorio no sabe decir cuándo sucederá eso.
La historia de Blanca es larga. Hace dos meses vio cómo su calle amanecía flanqueada por furgonetas de los Mossos d'Esquadra. Aquel día decenas de activistas y diversos medios de comunicación acompañaron durante horas a esta mujer y consiguieron aplazar el desahucio. La fecha fijada para la nueva ejecución era el 1 de febrero y tanto el Ayuntamiento como la propiedad se dieron dos meses para negociar y encontrar una solución para la anciana. Pero las conversaciones no han llegado a buen puerto.
Hoy ha vuelto a pasar por un desahucio. Pero en la calle no había activistas ni vecinos, sólo Mossos d'Esquadra. La anciana ha pedido que nadie intentara parar la ejecución; quería que fuera rápido y que todo acabara. “Blanca está muy cansada, no se veía con fuerzas de volver a pasar por lo mismo”, explican desde Resistim al Gòtic, el colectivo que ha acompañado a esta anciana durante el proceso, que ha sido largo.
También han sido largas las negociaciones que ha habido entre el Ayuntamiento y la propiedad. Fuentes conocedoras de las conversaciones las califican como “las más intensas en mucho tiempo”. Las hostilidades y desencuentros, de hecho, se alargaron casi hasta el último momento y la resolución no se dio a conocer hasta 12 horas antes del desahucio.
“Está muy triste, pero parece que todavía no se hace a la idea de que se tiene que ir”, explican los activistas que ejercen de portavoces de la anciana, que esta vez ha preferido no hablar con la prensa. Desde el Ayuntamiento aseguran que se han agotado todas las vías de la negociación con la propiedad y que hasta llegaron a ofrecer un pago de 1.000 euros mensual -el equivalente a lo que se calcula que sería el precio de mercado del piso de Blanca. Pero desde el consistorio lamentan que la propietaria rechazó la oferta. “No consideró que el Ayuntamiento diera suficientes garantías [de pago]”, apuntan.
El consistorio afea a la dueña del piso que no haya estado abierta a negociar, pero hasta cuatro fuentes conocedoras del proceso, procedentes tanto de las concejalías de Vivienda como de Derechos Sociales, aseguran a este medio que hubo un momento en que ambas partes estuvieron a punto de llegar a un acuerdo.
El pasado lunes todo parecía indicar que Blanca tendría buenas noticias. Según las distintas personas consultadas, el Ayuntamiento y la propiedad estaban de acuerdo en que Blanca pudiera permanecer en su casa durante un año más -mientras se le buscaba una alternativa habitacional- a cambio de que la anciana siguiera pagando lo que le correspondía por su contrato de renta antigua (menos de 300 euros) y la diferencia hasta llegar al precio de mercado sería abonada por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).
Estas son las condiciones a las que habrían llegado, tras casi dos meses de conversaciones, la propiedad y el equipo negociador del Ayuntamiento, que en estos casos es el Servicio de Intervención en casos de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO por sus siglas en catalán). Pero el día antes de la firma del acuerdo, se frenó.
Las fuentes consultadas afirman que el acuerdo se paró debido a un “cambio de criterio” en el Ayuntamiento: durante la pasada administración, en este tipo de negociaciones Servicios Sociales garantizaba que, en caso de que la persona arrendataria dejara de pagar su parte del alquiler, el consistorio la cubriría. Así, la propiedad siempre tenía asegurado el monto total de la renta. Pero ahora ya no es así. Y, ante el cambio de condiciones, la propiedad decidió no firmar el pacto. El colectivo Resistim al Gòtic ha reprochado al Ayuntamiento que “rompieran el acuerdo a última hora” y consideran que este cambio de “criterio político” provocará que “muchas otras personas en riesgo de desahucio se encuentren en la misma situación que Blanca”.
Desde el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona niegan que el proceso haya ido de esta manera y ponen el foco en que es la propiedad la que no se ha avenido a pactar. Así mismo, aseguran que siempre ha habido “voluntad total” por parte del consistorio para garantizar una alternativa a Blanca.
Ahora a esta anciana se le abre un periodo de incertidumbre que preocupa a las personas que la han acompañado estos meses. Hasta pocas horas antes de su desahucio no sabía cuál iba a ser su destino. Un día antes de ser expulsada, su trabajadora de Servicios Sociales le comunicó que debería irse a vivir con su hijo, que reside en un antiguo local comercial habilitado como vivienda en L'Hospitalet de Llobregat de menos de 40 metros cuadrados. Pero esa opción se acabó descartando debido a que el hombre sufre de diversas enfermedades y a que la situación de salud de Blanca tampoco es óptima.
De hecho, la anciana tiene graves problemas que van desde el corazón a una depresión severa y ansiedad. Su médico describe su estado como “muy delicado” y le ha prescrito no salir de casa porque necesita “reposo absoluto”. También le ha recomendado una vida tranquila y sin disgustos. Todo ello incompatible con un desahucio.
Finalmente, el Ayuntamiento ha desbloqueado una habitación en una pensión para Blanca, cosa que no convence ni a la anciana ni a los activistas que la han acompañado en el proceso, que reclaman que pueda mudarse a una vivienda pública y protegida en la que su bienestar esté asegurado.
Quienes la conocen temen por su estado de salud. Y también por sus ánimos. En su informe médico aparecen términos como “voluntad suicida”. Blanca lo confirma y asegura que durante todo este proceso ha tenido “ganas de quitarse de en medio” pero que no lo ha hecho por su hijo y por su fe.
Una deuda de 88 euros
La causa de Blanca empezó una primavera de hace seis años, cuando descubrió que tenía una fuga de agua y pidió a la propietaria que se hiciera cargo de las obras. Según la casera, la anciana habría aprovechado para solicitar algunas mejoras como “modificar las instalaciones de agua, electricidad y gas, así como el cambio de algunos muebles y electrodomésticos”, según figura en la demanda de desahucio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La propietaria aceptó las peticiones de Blanca y pagó los gastos, tal como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Hasta ahí, todo normal. Pero acordó una “contraprestación”, que suponía que Blanca debía pagar 88,80 euros más al mes. Blanca, en un primer momento, se negó a pagar, ya que asegura que ella no acordó tal cosa y que firmó “engañada”, pero desde Servicios Sociales le recomendaron que abonara lo que se le pedía.
Abonó la cantidad de más que pedía la propietaria, pero antes de que pudiera acabar de sufragar la deuda y, cuando sólo le quedaba una cuota por pagar (de 88 euros), llegó la demanda de desahucio. Blanca asegura que esa deuda ya está pagada, un extremo que la propietaria se ha negado a confirmar a preguntas de esta redacción. Lo que sí hizo la dueña del piso fue seguir adelante con el proceso de desahucio de la anciana, que fue avalado por la Audiencia de Barcelona.
Blanca tenía un contrato vitalicio y cree firmemente que esos 88 euros han sido una excusa para echarla y poder convertir su casa en un piso turístico. Mientras ella paga menos de 300 euros al mes, un alquiler de temporada podría ser de más de 1.000 euros. Desde el colectivo Resistim al Gòtic denuncian que esta es una tendencia frecuente en barrios como este, en el que apenas quedan vecinos.Y, a partir de esta noche, habrá todavía una vecina menos.