Una declaración amplia y extensa. Al contrario que muchos de los investigados que desfilan por los juzgados, el subinspector de Bomberos M.D.V y su jefe, el inspector A.R., han explicado durante más de cuatro horas a la jueza su versión del caso de irregularidades en el mantenimiento de vehículos externalizado a la multinacional sevillana Iturri. Sus alegatos, según fuentes jurídicas, han incluido críticas a aspectos clave de la investigación del caso que llevan los Mossos d'Esquadra.
Ambos bomberos reparten su trabajo en la extinción de fuegos, rescate de personas y tareas administrativas (no económicas) sobre los vehículos a reparar. Este viernes han abandonado el parque de bomberos para comparecer como imputados por malversación, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental ante la jueza que investiga las irregularidades en la facturación de las reparaciones a los vehículos de los Bomberos la Generalitat.
El subinspector M.D.V., según reveló su jefe A.R. en uno los pinchazos telefónicos del caso, fue quien “levantó la liebre” porque no estaba dispuesto a autorizar una reparación “conociendo que se había agotado el dinero del contrato”. También fue M.D.V quien envió un correo a sus superiores, que fue el origen del caso, alertando de que el presupuesto se había agotado y que si no se solucionaba la situación no se podrían seguir realizando reparaciones en los vehículos de los Bomberos.
Las irregularidades se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El “agotamiento presupuestario”, detalla la jueza, no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”. Lo que no ve la jueza es que en esta mecánica hubiera sobornos.
Según fuentes jurídicas, ambos investigados han negado que tuvieran participación en la parte económica del contrato con Iturri (ellos se encargaban tan solo de decir qué vehículos había que reparar) y han explicado a la jueza lo que, a su juicio, son errores de los Mossos d'Esquadra, la policía judicial del caso.
Así, donde la policía catalana vio que un mismo vehículo fue reparado en tres ocasiones en un mismo mes, los investigados han matizado que los Mossos se fijaron solo en la factura del servicio, pero no en el albarán, que era donde se detallaba que en realidad esas tres reparaciones correspondían a meses distintos
También han replicado que los Mossos señalan como irregularidad el cambio de código interno de varios camiones de Bomberos, que según los investigados se explica porque en los coches policiales no cambia y coincide con la matrícula, a diferencia de en los coches de extinción de incendios. En los camiones de bomberos, han alegado, el código cambia automáticamente cada vez que un vehículo se mueve de un parque a otro, y no coincide con la matrícula.
Ambos investigados han sostenido además que el hecho de que Iturri reparara vehículos cuyo mantenimiento en realidad dependía de una empresa de 'renting' no se les puede atribuir a ellos, como defienden los Mossos, sino a la tardanza de los técnicos de Patrimonio en actualizar la propiedad del vehículo.
“Enfado” con la conselleria
Es más, ambos investigados han mostrado su “enfado” con los antiguos responsables de la conselleria de Interior, liderada por Miquel Sàmper, por la gestión que hicieron de la información reservada abierta precisamente a partir del citado correo de M.D.V. de abril de 2021.
Según fuentes presentes en la declaración, los dos bomberos han reprochado al anterior equipo de Interior que no les llamara para dar su versión del caso y les requiriera únicamente documentación, al contrario de lo que marca el protocolo de información reservada. Y han atribuido estas prisas al hecho de que estaba a punto de entrar el nuevo conseller de ERC, Joan Ignasi Elena, en la conselleria y que Sàmper quería cerrar rápido la información reservada.
Sobre el 2% apuntado en un documento interno que levantó las sospechas de una abogada de Interior, quien después ante la jueza no supo explicar si se trataba de una comisión, ambos investigados han tirado de ironía. Según su versión, esa anotación se explica por un malentendido entre el exdirector general Manel Pardo y la abogada cuando el primero le trasladó los problemas de Iturri con la facturación. En su declaración como imputado, Pardo alegó que el 2% no eran comisiones sino gastos de gestión. Los dos bomberos han ido más al grano: “Es alguien que no domina un tema explicándolo a alguien que lo domina menos”. Los próximos investigados del caso comparecerán el 16 de mayo.