Laura Borràs llegó al Parlament de Catalunya prometiendo que actuaría diferente a Roger Torrent pero, cuando ha llegado el momento de suspender a un diputado, la actual jefa de la Cámara ha procedido de forma prácticamente calcada a su antecesor. Este miércoles los grupos independentistas han pactado una resolución en la que reiteran que el representante de la CUP, Pau Juvillà, mantiene su escaño, pero en el que aseguran que “el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos”. Con esta frase dejan que sean los propios funcionarios los que ejecuten la suspensión.
El Parlament continúa sosteniendo que el diputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitado en sentencia no firme por desobediencia, mantiene su escaño en la Cámara contra el criterio de la Junta Electoral Central. Este miércoles la Comisión del Estatuto del Diputado se ha reunido para tratar su caso y ha aprobado un dictamen en el que considera que Juvillà dejará de ser diputado en el momento que haya una inhabilitación por sentencia firme, es decir, cuando el Supremo confirme la sentencia del Tribunal Superior catalán.
Sin embargo, la resolución aprobada por la comisión gira el discurso que la mayoría independentista había mantenido hasta el momento, que sostenía que Juvillà debía mantener su actividad hasta que la sentencia fuese firme. Ahora, la Comisión considera en cambio que el diputado puede perder su escaño aunque la sentencia no sea firme, siempre y cuando el Supremo haya desestimado las cautelares. Esta decisión puede tardar a producirse unas semanas, pero llegará antes que la sentencia final sobre la inhabilitación.
La JEC había dado a la presidenta Laura Borràs hasta este viernes para ejecutar la reiterada del escaño. El árbitro Electoral ya había considerado anteriormente que Pau Juvillà, que era diputado y secretario tercero de la Mesa del Parlament de Catalunya, había perdido el escaño con la sentencia de inhabilitación. La semana pasada fue un paso más allá y ordenó a la presidenta la cámara catalana que sustituyese ya al parlamentario condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia por no quitar cuatro lazos amarillos.
La respuesta del Parlament se ha dado a través de la Comisión del Estatuto del Diputado, con un dictamen que deberá ser sometido después a un pleno. En la comisión, el representante del PSC ha defendido su voto negativo al texto al considerar que la Cámara se extralimita. “No es competencia de esta comisión pronunciarse sobre resoluciones de otros organismos. La resolución de la Junta Electoral es ejecutiva y por tanto el Parlament no puede hacer resoluciones en contra del cumplimiento”, ha asegurado David Pérez.
La situación es análoga a la que se vivió en enero del año 2020, cuando la Junta Electoral exigió la reiterada del escaño de Quim Torra, también condenado en primera instancia por desobediencia. En aquella ocasión el Parlament también declaró que Torra mantenía su cargo como diputado, pero finalmente el entonces presidente de la Cámara Roger Torrent dejó en manos de los funcionarios la ejecución. El día 27 de enero, Torra ya no pudo votar en el pleno, lo que provocó una sonada bronca política entre los socios. “Cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan”, afeó en aquella ocasión Torra a Torrent.